La grave crisis de confianza que vivimos estos días es un tema del cual hemos estado hablando desde marzo, cuando asumí como presidente del Senado. La ciudadanía parece haber perdido la paciencia ante una serie de casos lamentables que han sucedido en el último tiempo, generando una profunda merma en la credibilidad de las chilenas y chilenos hacia las instituciones, la política y las grandes empresas.
Tal como lo he reiterado en distintas oportunidades, para poder revertir esto se necesitan medidas contundentes, radicales, que duelan. Por eso ya aprobamos la iniciativa que establece la pérdida del cargo para senadores, diputados, alcaldes, concejales y concejeros regionales que hagan trampa en las elecciones, el proyecto que da autonomía al Servel y el proyecto de probidad en la función pública.
Sin embargo, a pesar de estos avances, hace algunas semanas un caso remeció al mundo empresarial. Los últimos escándalos conocidos en nuestro país relativos a colusión de empresas no hacen más que reafirmar nuestro compromiso de legislar con mayor celeridad los distintos proyectos de la agenda de probidad y transparencia con la cual nos hemos comprometido, agenda que no solo contempla a los actores públicos del quehacer nacional, sino que también a los privados.
Como corporación, no hemos estado ajenos a las críticas que se han formulado concernientes al hecho de haber derogado la pena de cárcel al delito de colusión. Sin embargo es necesario destacar que desde hace algún tiempo atrás, distintos parlamentarios habían presentado mociones en el sentido de reincorporar la privación de libertad a quienes cometan este ilícito.
La colusión es un delito, es un atentado a la libre competencia y por ende debe ser castigado en forma ejemplar, a fin de que nunca más podamos ser espectadores de cómo algunas empresas se unen para controlar mercados y abusar desenfrenadamente en contra, sobre todo, de los más necesitados.
El proyecto anti colusión enviado por el ejecutivo contempla penas de cárcel de entre 5 años y un día y 10 años para los infractores. Además, establece que los involucrados no podrán acceder durante un año a beneficios alternativos al cumplimiento de penas, situación similar a la aprobada en la Ley Emilia, a fin de buscar que los responsables cumplan efectivamente la sanción aflictiva.
Asimismo, se establece que las empresas involucradas deberán pagar multas que pueden llegar al 30% de las ventas en los periodos en que hubo colusión. No sabemos en estos momentos si existen más empresas que estén realizando este tipo de prácticas, por eso se hace necesario dotar de mayores y mejores instrumentos a la Fiscalía Nacional Económica a fin de poder tener un mayor control sobre los actores involucrados en el mercado.
Sin perjuicio a lo señalado, hago un llamado a todos los actores a elevar los estándares éticos y los estándares de probidad. En este sentido, tenemos la mayor responsabilidad todos los sectores, tanto en el mundo de la política, del sector público y del privado.
En estos tiempos en que la ciudadanía da claras muestras de rechazo a este tipo de delitos, lo que queda de manifiesto en la preferencia por marcas que no estuvieron involucradas en la colusión, es fundamental que demos una señal clara desde el congreso, para que las medidas radicales, las medidas que duelen, también afecten a los empresarios que utilizan este tipo de prácticas tan lamentables.
