Esta semana hemos dado un gran avance en la ambiciosa agenda de probidad y transparencia con la cual estamos comprometidos. La corporación que represento ha aprobado en tercer trámite constitucional las modificaciones efectuadas por la cámara al proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
Este es el primer proyecto estructural en materia de probidad y transparencia que aprobamos. La iniciativa establece que las autoridades que sean sancionadas por haber infringido gravemente las normas sobre transparencia y límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, van a quedar imposibilitados de trabajar en el sector público por tres años.
También van a quedar imposibilitados de ser candidatos a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación, es decir, estarán al menos unos ocho años sin poder volver a postular a un cargo elegido por voto popular, hecho que para cualquier persona que se dedique a la política es un castigo potente.
En ese sentido, se tratan de medidas inéditas en la legislación nacional y que tienen el carácter de radicales, no en la medida de lo posible, cuyo objeto es lograr efectivamente dar una mayor transparencia en las campañas políticas venideras. En definitiva, estamos hablando de medidas que duelen.
En estos ocho meses que me ha tocado presidir el Senado de la República, hemos impulsado una serie de proyectos de ley y medidas internas que tienen como fin precisamente aumentar los estándares de transparencia y probidad, porque estamos conscientes que la grave crisis de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía con la política y las instituciones no se va a terminar si no realizamos acciones concretas.
Es por esto que a nivel legislativo ya aprobamos la iniciativa que le da autonomía al Servicio Electoral, uno de los proyectos pilares de la agenda de probidad y transparencia. Ahora el Servel será un organismo más autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, además de velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y las normas sobre los partidos políticos.
También aprobamos el proyecto sobre probidad en la función pública, iniciativa que eleva los estándares de probidad y transparencia de las declaraciones de patrimonio e intereses, extiende el número de cargos que deben realizar este trámite y endurece multas y sanciones para quienes incumplan la normativa, llegando incluso a la destitución del cargo por infracciones reiteradas a la legislación.
A nivel interno, estamos impulsando en el Congreso una serie de medidas en conjunto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, como la creación de un Consejo de modernización de la labor legislativa, y el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del congreso nacional para potenciar las medidas de probidad y transparencia al interior de las corporaciones.
Estamos avanzando, no hay dudas de eso, pero aun hay mucho por hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la gente vuelva a confiar. Tenemos que actuar e impulsar medidas radicales como este proyecto que sanciona con pérdida del cargo a los que hagan trampa en las elecciones, iniciativa que ya está lista para ser una nueva ley de la República.
