En tiempos en que suele cuestionarse la capacidad de las instituciones para proteger el patrimonio natural, la reciente resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto del proyecto Playa Sur de Tunquén constituye una señal importante que merece ser destacada.
La autoridad ambiental rechazó íntegramente los recursos interpuestos por la inmobiliaria reclamante, manteniendo firme la decisión que ordenó el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Más allá del resultado concreto, lo verdaderamente relevante es el mensaje que subyace a esta decisión: los proyectos que puedan afectar áreas protegidas o ecosistemas de alto valor ambiental deben ser evaluados rigurosamente antes de su ejecución.
Tunquén no es simplemente un paisaje atractivo ni una postal costera. Se trata de uno de los sistemas ecológicos más valiosos del litoral central de Chile, donde convergen dunas, quebradas, humedales, patrimonio arqueológico, flora endémica y corredores biológicos que forman una unidad territorial de enorme relevancia.
Durante años, vecinos, organizaciones, fundaciones, científicos y profesionales han trabajado para que esta realidad sea reconocida institucionalmente. Los decretos que han ido ampliando las distintas figuras de protección no son fruto del azar ni de decisiones caprichosas. Son el resultado de un largo proceso técnico, administrativo y ciudadano que ha permitido comprender que los ecosistemas no funcionan fragmentados, sino como una totalidad interdependiente.
Precisamente por ello, la discusión actual excede el interés de un propietario o de un proyecto específico. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la capacidad del Estado para proteger bienes ambientales que pertenecen, en definitiva, a toda la comunidad y también a las futuras generaciones.
La resolución de la Superintendencia viene a reforzar una idea fundamental: desarrollo y protección ambiental no son conceptos incompatibles. Lo incompatible es pretender intervenir territorios ambientalmente sensibles sin que exista una evaluación seria de sus impactos.
Hoy la controversia continúa ante el Segundo Tribunal Ambiental, donde diversas organizaciones y actores territoriales hemos comparecido como terceros coadyuvantes para colaborar en la defensa de las decisiones adoptadas por la autoridad ambiental.
No se trata de impedir el desarrollo. Se trata de exigir que éste se realice respetando las reglas que la propia sociedad se ha dado para proteger aquello que resulta irremplazable.
Tunquén representa mucho más que un conflicto jurídico. Representa una forma de entender la relación entre las personas y la naturaleza. Y cuando las instituciones funcionan para resguardar ese equilibrio, corresponde reconocerlo.
Porque proteger Tunquén no es una causa de algunos vecinos. Es una causa de interés público.
