En 2006 y 2011, los movimientos de secundarios y de universitarios hicieron vivir momentos complejos para nuestra democracia representativa. Fue ahí donde se sintieron los primeros signos de cambio de época: estamos ante un ciudadano más informado, con mayor opinión y que cuenta con los mecanismos para hacer valer su argumentación e influir en el debate. Hoy existen muchas más fuentes de información alternativas a los medios tradicionales. El desafío radica en lograr que nuestra democracia representativa conviva con espacios de participación real y deliberativa para la ciudadanía. Desde hace ya 10 años está instalado el debate sobre la necesidad de mayores espacios de participación ciudadana.
En 2015, este debate adquirió mayor fuerza por las diversas irregularidades, errores o lisa y llanamente delitos que se cometieron en la esfera pública, que generan la preocupación ciudadana. A la forma tradicional de movilización social, la salida a la calle, hoy se suma la presencia de las redes sociales, que han permitido al ciudadano organizarse, discutir y exigir que su opinión sea escuchada.
Cabe preguntarnos entonces, ¿de qué manera respondemos a la demanda de mayor participación y establecemos un nuevo diálogo entre las instituciones políticas y la ciudadanía?
Algunos consideramos que se debe responder con nuevas formas de participación directa y con la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos deliberativos.
Afortunadamente, lo anterior tiene lugar cuando hemos iniciado el proceso de discusión de una nueva constitución. En un par de meses se dará inicio a los cabildos. De este modo, la futura carta fundamental será la primera en la historia republicana que surja de un proceso de participación nunca antes visto. Este es el momento para debatir cuáles mecanismos vamos a poner a disposición de la ciudadanía para complementar nuestra democracia representativa. Entre ellos están los referendos revocatorios —para leyes o para autoridades— la iniciativa popular de ley o los plebiscitos vinculantes para temas estratégicos para la marcha del país y las regiones. No deja de ser paradójico que la última consulta directa al pueblo fue en 1989, en un régimen no democrático.
Ciertamente, todos estos mecanismos presentan ventajas y desventajas; y no todos son compatibles con nuestro actual sistema de gobierno. Ninguno de estos instrumentos soluciona por sí solo el quiebre de las confianzas, pero activan y comprometen a la ciudadanía, y ofrecen cauces accesibles y claros para la manifestación de opiniones y demandas.
Tenemos que abrir el debate. Lo que no podemos hacer es censurar la discusión o descalificarnos, porque esta es la oportunidad única para conversar sobre qué tipo de país y sociedad queremos.
Ampliar los mecanismos de deliberación a la ciudadanía, implica ciertamente, una redistribución del poder en la toma de decisiones. La pregunta es si creemos o no en nuestros ciudadanos a la hora de pensar Chile. Creo que tenemos la robustez institucional y la madurez democrática para implementar algunos de estos mecanismos. Lo que no puede ocurrir es que pretendamos que una democracia representativa de principios del siglo XX sea la que responda a las necesidades de participación de nuestra democracia del siglo XXI.
