El asesinato de un joven de 23 años en Huechuraba, mientras intentaba proteger a su madre y a su hermano de un violento asalto, refleja una realidad que preocupa profundamente a la ciudadanía. Robos con violencia, bandas armadas y delitos cada vez más agresivos han dejado de ser hechos aislados para transformarse en una amenaza permanente para muchas familias.
Frente a este escenario, cabe preguntarse si las herramientas ordinarias del Estado siguen siendo suficientes. Nadie propone actuar al margen de la Constitución ni restringir arbitrariamente los derechos fundamentales. Pero la propia Constitución contempla mecanismos excepcionales para enfrentar situaciones excepcionales, cuando exista una grave alteración del orden público.
Abrir ese debate no significa renunciar al Estado de Derecho. Significa preguntarse si, en determinados territorios y por un tiempo estrictamente limitado, corresponde evaluar medidas extraordinarias que permitan recuperar el control, fortalecer la acción de las policías y desarticular organizaciones criminales, siempre bajo control judicial y con pleno respeto de las garantías constitucionales.
La seguridad no puede transformarse en una discusión ideológica. Es un derecho básico. Cuando las familias viven con temor de que delincuentes armados irrumpan en sus hogares, el Estado tiene el deber de evaluar todas las herramientas que la Constitución pone legítimamente a su disposición.
La verdadera irresponsabilidad no es debatir estas medidas. Es acostumbrarnos a que la violencia siga avanzando mientras la ciudadanía pierde la tranquilidad dentro de su propio hogar.
