Las intensas lluvias, los desbordes de ríos, los nuevos socavones y las marejadas que han afectado al país durante los últimos días no son hechos aislados. Son un recordatorio de una realidad que Chile lleva demasiado tiempo postergando: nuestros riesgos naturales están cambiando más rápido que nuestros instrumentos de planificación territorial.
Cada invierno volvemos a sorprendernos por viviendas construidas junto a cauces que recuperan violentamente su espacio; por edificios levantados sobre dunas o acantilados sometidos a procesos de erosión; por barrios inundados y caminos cortados. Sin embargo, una vez pasada la emergencia, la discusión suele centrarse en la reconstrucción y no en la pregunta de fondo: ¿por qué seguimos autorizando o consolidando ocupaciones del territorio que aumentan la exposición de las personas a riesgos conocidos?
El problema no es únicamente la fuerza de la naturaleza. También radica en la lentitud con que el Estado incorpora el conocimiento científico a las decisiones públicas.
Hoy existen mejores mapas de inundación por tsunami, nuevos estudios hidrológicos, información sobre erosión costera, remociones en masa y los efectos del cambio climático. Sin embargo, esos antecedentes muchas veces demoran años en reflejarse en los planes reguladores, en los instrumentos intercomunales o en las autorizaciones que permiten nuevos proyectos.
Cuando un plan regulador permanece desactualizado, el riesgo no desaparece. Lo único que desaparece es la capacidad del instrumento para representarlo correctamente.
Y allí aparece una peligrosa ilusión: como el riesgo no figura expresamente en un plano regulador, pareciera que deja de existir para efectos de las decisiones administrativas.
Pero la naturaleza no espera.
Los ríos recuperan sus cauces. Las marejadas erosionan el borde costero. Los socavones siguen avanzando. Los tsunamis no preguntan si la cartografía oficial ya fue incorporada al instrumento de planificación correspondiente.
Por eso la planificación territorial no puede seguir siendo una fotografía del pasado. Debe convertirse en un proceso dinámico, capaz de incorporar oportunamente la mejor información técnica disponible.
Esto exige una coordinación mucho más efectiva entre los organismos científicos, los municipios, los gobiernos regionales, los servicios ambientales y las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres. También exige fortalecer la fiscalización. No basta con verificar si un proyecto cumple formalmente la normativa vigente; es indispensable preguntarse si las condiciones que justificaron esa autorización siguen siendo razonables frente al conocimiento técnico disponible.
No se trata de detener el desarrollo ni de impedir nuevas inversiones. Se trata de construir con responsabilidad. El crecimiento urbano no puede seguir avanzando a costa de aumentar la vulnerabilidad de quienes vivirán allí durante las próximas décadas.
Los recientes temporales han vuelto a mostrar quebradas activas, ríos que desbordan sus cauces y un borde costero sometido a una erosión cada vez más intensa. No estamos frente a fenómenos imprevisibles. Estamos frente a amenazas conocidas cuya frecuencia e intensidad exigen revisar profundamente la forma en que planificamos el territorio.
El verdadero desafío ya no consiste solamente en responder bien a las emergencias. Consiste en evitar que las decisiones de hoy creen las tragedias de mañana.
Porque una ciudad resiliente no es aquella que reconstruye rápidamente después de un desastre.
Es aquella que tuvo la prudencia de no construir donde el desastre era perfectamente previsible.
