Ante la represión indiscriminada desatada por las fuerzas policiales en la manifestación pública convocada por distintas organizaciones sociales este 21 de mayo en Valparaíso, como integrantes de la comunidad universitaria asumimos el deber ético y político de expresar nuestro más enérgico rechazo a lo que consideramos la normalización de la violencia desmedida en contra de la sociedad civil.
Ante la represión indiscriminada desatada por las fuerzas policiales en la manifestación pública convocada por distintas organizaciones sociales este 21 de mayo en Valparaíso, como integrantes de la comunidad universitaria asumimos el deber ético y político de expresar nuestro más enérgico rechazo a lo que consideramos la normalización de la violencia desmedida en contra de la sociedad civil.
Cuando el país entero todavía no se repone de la conmoción sufrida por el brutal y cruel asesinato de los jóvenes estudiantes Exequiel Borvarán y Diego Guzmán, la situación crítica con riesgo vital por la que atraviesa el estudiante Rodrigo Avilés, y la no menos grave situación que afecta a Paulina Estay, nos interroga hasta cuándo los jóvenes de este país continuarán siendo víctimas del monopolio de la violencia del Estado. Cómo no indignarse también ante las agresiones sufridas por los expresos políticos en huelga de hambre que marchaban en sillas de ruedas en reivindicación por un trato digno del Estado; y tantos otros manifestantes golpeados a mansalva y reducidos sus derechos ciudadanos a la mínima expresión, es decir al silencio, la invisibilidad y la censura. Violencia nada diferente, sin duda, a la que sufren continuamente las comunidades mapuche, desde sus ancianos hasta los más jóvenes e incluso niños y niñas conviven desde la más tierna infancia en el abuso interétnico.
En una sociedad que quiere definirse como democrática no puede haber justificación alguna al desproporcionado e indiscriminado uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales, violencia que en forma creciente está siendo denunciada a través de las redes sociales, pero escasamente a través de un sistema de medios de comunicación cuya independencia y compromiso con el derecho a la comunicación, con honrosas excepciones, no se condicen con los valores y principios que internacionalmente se reconocen como un derecho humano fundamental.
En ese sentido es que denunciamos como abuso de poder la represión desproporcionada de las fuerzas policiales en contra de las legítimas reivindicaciones que, en particular, reclaman los jóvenes de este país por el derecho a una educación pública y gratuita, pero también por otros tantos derechos y libertades públicas que los implican como protagonistas en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y sin exclusiones.
Reclamamos la prohibición por parte del Estado del uso de instrumentos de represión que continuamente evidencian riesgos contra la integridad de las personas. Entre ellos, la descomunal presión del cañón de los carros lanza-aguas para dispersar a los manifestantes, capaz de provocar eventualmente la muerte de una persona por la incontrolable fuerza de su arrastre contra el pavimento. De igual forma, el uso abusivo de gases lacrimógenos, cuya desconocida composición tóxica debería ser examinada por organismos internacionales de derechos humanos y quedar estrictamente prohibida por afectar seriamente a la salud de toda la comunidad, pero especialmente a la de los planteles universitarios en los que es sumamente frecuente la intoxicación de los espacios donde convivimos académicos, personal administrativo y de servicio, estudiantes, e incluso los hijos e hijas de nuestra comunidad que acuden al jardín infantil.
Resultan paradójicas e incluso absurdas en este contexto la ley que prohíbe el consumo de tabaco en recintos públicos o la restricción vehicular, cuando no existe ningún tipo de cuestionamiento ni fiscalización sobre la toxicidad que provocan dichos gases entre la comunidad.
Además, acusamos como el responsable político del actuar desmedido de Carabineros en la manifestación del 21 de mayo al Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Burgos Varela, quien recordemos, durante los años ’90 fue parte fundamental del “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, más conocido como “La Oficina”, organismo creado por el gobierno de Patricio Aylwin y que reclutó a ex agentes de la DINA y la CNI para combatir prácticas “terroristas” que pudieran alterar la naciente democracia, atacando directamente a las organizaciones de izquierda que no pertenecían a la coalición gobernante.
No es casualidad que con el cambio de gabinete, se agudice también la forma en la que la represión policial se manifiesta en las calles de Chile. Denunciamos esta como una práctica planificada y no solamente como hechos aislados de exceso policial, como habitualmente la prensa suele justificar en sus informaciones.
Rechazamos tajantemente que la violencia desmedida de las fuerzas policiales se termine naturalizando en nuestro país como el mal necesario contra los “desórdenes callejeros” y que las víctimas inocentes sean consideradas como un infeliz efecto secundario. La protección de la vida y seguridad de las personas, y especialmente de nuestros jóvenes, es el primer deber prioritario de toda política de Estado. Ninguna política de seguridad pública puede avalar el abuso de poder como una forma de garantizar las reglas de convivencia democrática.
Felip Gascón i Martín
- Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
- Universidad de Playa Ancha
Matías Gazmuri Kruberg
- Presidente de la Federación de Estudiantes
- Universidad de Playa Ancha
