En su cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, anuncio que fue el resultado de un trabajo de consultas que se realizó en todo el territorio nacional, donde los Pueblos y el Estado trabajaron en conjunto para hacer efectiva la participación y hacerse responsables también de los cambios necesarios para esta nueva institucionalidad.
Este anuncio se trata de una gran noticia y un tremendo avance en materia de la relación que debemos tener con nuestros pueblos originarios, porque estamos apostando por cimentar una nueva relación de Chile, su sociedad y su Estado, con nuestros pueblos originarios. Una nueva relación que los incluya plenamente, que les asegure una real participación y, por tanto, les permita hacer presente en los canales institucionales sus intereses y aspiraciones.
En nuestro país vivimos durante mucho tiempo de espaldas a los pueblos indígenas que habitan con nosotros esta tierra. De un modo u otro los invisibilizamos como parte de nuestra sociedad, ignoramos el aporte de su identidad, sus costumbres, sus culturas, sus saberes ancestrales, y marginamos en muchos casos a sus hijas e hijos, que se ven expuestos a condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Con legítima razón, los miembros de los pueblos originarios se han sentido maltratados, discriminados, privados del acceso a recursos esenciales para el desarrollo de su modo de vida como las tierras o el agua, y amenazados en la supervivencia de su cultura e idioma propios.
A la luz de este diagnóstico, a partir de 1990 los gobiernos democráticos han hecho indudables avances para hacerse cargo de esta deuda histórica como país. Sin dudas, un hito para este cambio de rumbo lo marcó el Acuerdo de Nueva Imperial entre los dirigentes de los pueblos indígenas y el que sería el primer Presidente de la transición, don Patricio Aylwin. La agenda convenida en aquella oportunidad recogió los intereses y anhelos indígenas en tres pilares clave: recuperación de tierras, reconocimiento de derechos, y creación de una institucionalidad pública específica en materia indígena.
En pocos años, se avanzó sustancialmente con la vigencia de la Ley Indígena, en que se reconoce con rango legal la existencia de los pueblos indígenas, en particular las nueve etnias que ella detalla, y se otorga sustento legal a las comunidades y asociaciones indígenas. Además, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), institución en cuyo Consejo participan representantes de los pueblos originarios, que implementa las políticas públicas de restitución de tierras y aguas a las comunidades.
Asimismo, junto a estas políticas emblemáticas, los sucesivos gobiernos establecieron otras políticas indígenas en materia de desarrollo productivo, educación y salud con pertinencia cultural, o protección del patrimonio y la cultura indígenas.
En el 2014, y durante cinco meses, el Ministerio de Desarrollo Social lideró dos procesos de Consulta Previa Indígena que se originaron para buscar el acuerdo respecto a dos medidas administrativas comprometidas en el programa de gobierno actual. Se realizó una convocatoria amplia a nivel nacional para involucrar a los nueve pueblos reconocidos en la Ley Indígena, y el mecanismo se adaptó a los requerimientos de los pueblos y sus representantes.
En definitiva, el desarrollo de estos procesos de consulta y las previsiones de una nueva institucionalidad que dé cabida a la representación de los intereses indígenas son buenas noticias para cimentar esta nueva relación. Por lo pronto, puedo afirmar que cuando estos proyectos de ley lleguen al Congreso estaremos prontos a darle un trámite parlamentario oportuno, y abiertos al diálogo con los representantes de los pueblos indígenas.
Sin embargo, aun estamos en deuda en un tema fundamental como es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El cumplimiento de esta aspiración largamente demorada forma parte de la idea de Chile como una Nación pluricultural, y se debe realizar en el marco de un proceso constituyente, cuyo inicio la Presidenta anunció, en que se asegure la participación plena de los pueblos indígenas. Este compromiso responde a los criterios del Convenio 169 de la OIT, que apuntan a lograr que los pueblos indígenas estén involucrados en los procesos de decisión que afectan a su propio destino y al del país en su conjunto.
Creo sinceramente que este panorama de consultas y la inminente creación del ministerio abren un espacio a la mejora de las confianzas entre Chile y sus pueblos indígenas, y al logro de una relación mucho más equitativa, justa y respetuosa, y, por ende, más sólida y fecunda para el bienestar de todas y todos.
