Lo ocurrido en Maitencillo no es solo una escena indignante: es la expresión de una peligrosa confusión entre molestia y derecho.
En Chile, la fauna silvestre —incluidas las gaviotas— está protegida por la ley. No importa si vive en acantilados o sobre edificios. No importa si es abundante o ruidosa. Nadie puede destruir nidos, lanzar crías ni causar sufrimiento deliberado a un animal.
El Código Penal sanciona el maltrato animal, y la Ley de Caza prohíbe expresamente la destrucción de nidos y la muerte de ejemplares protegidos. Aquí no hay vacío legal. Hay responsabilidad penal.
¿Existen problemas de convivencia urbana con aves? Sí.
¿Existen soluciones legales? También.
Disuasión acústica, barreras físicas, planificación arquitectónica y manejo autorizado. Todo menos la violencia.
Cuando una persona lanza polluelos al vacío no está "resolviendo un problema": está cometiendo un delito.
Y cuando la sociedad normaliza estos actos, se erosiona algo más profundo: el respeto por la vida y por el Estado de Derecho.
La ley protege a quienes no pueden defenderse.
Y eso incluye, también, a la fauna silvestre.
