En Chile, el derecho a la protección de la salud está reconocido constitucionalmente. También lo está la libertad de elección entre el sistema público (Fonasa) y el privado (Isapres). Pero entre la norma y la realidad hay un abismo que hoy se está cobrando vidas.
En la práctica, miles de personas no pueden acceder a especialistas esenciales, aun estando dentro del sistema público. En la Región de Valparaíso, por ejemplo, no existe ningún coloproctólogo que atienda por Fonasa. Tampoco hay oncólogos disponibles en modalidad pública en ciudades como Viña del Mar, Quilpué o Valparaíso. Esto no es una exageración: es un hecho verificable.
¿Qué significa esto para un paciente con sangrados, anemia, dolor persistente u otros síntomas graves? Significa que debe pagar consultas privadas que superan los $50.000 por visita, costear exámenes, segundas evaluaciones, controles, y eventualmente una cirugía completa fuera del sistema.
Para la mayoría de los chilenos, esto es simplemente imposible.
No estamos hablando de comodidad. Estamos hablando de diagnósticos tardíos, enfermedades avanzadas, sufrimiento innecesario y muertes evitables.
Aquí es importante ser claros: este no es un ataque a los médicos. Los profesionales de la salud ejercen dentro de un marco de libertad laboral y contractual. Pero esa libertad no puede transformarse, por omisión del Estado, en una barrera estructural de acceso a la atención.
El problema no es que los médicos cobren lo que estimen justo. El problema es que el Estado no garantiza una red mínima de especialistas accesibles para la población, como está obligado a hacerlo.
Cuando una persona no puede acceder a un oncólogo, a un coloproctólogo o a otros especialistas esenciales por su previsión, no estamos ante un problema de mercado: estamos ante una falla institucional grave.
Y esa falla tiene nombre: falta de servicio del Estado.
No es aceptable que el acceso a diagnósticos vitales dependa del nivel socioeconómico del paciente, del lugar donde vive o de su capacidad de endeudarse. No es aceptable que regiones completas carezcan de especialistas Fonasa mientras los pacientes deben viajar cientos de kilómetros o esperar meses —cuando no años— por una hora médica.
No es aceptable que el sistema funcione para quienes tienen redes, dinero o cargos de poder, mientras el resto de la población queda atrapada en listas de espera, derivaciones inexistentes y respuestas burocráticas.
Esta desigualdad no es natural. Es el resultado de decisiones políticas.
El Estado de Chile no puede seguir escudándose en la libertad contractual para eludir su deber de garantizar efectivamente el derecho a la salud. Ese deber implica planificación, incentivos, regulación, convenios, formación, distribución territorial y financiamiento real.
Hoy nada de eso está ocurriendo como corresponde.
Cuando una persona debe esperar meses para ver a un especialista que puede detectar un cáncer, el daño ya está hecho. Cuando alguien muere esperando, no es mala suerte: es una responsabilidad pública.
No se trata de ideología. Se trata de humanidad.
Chile necesita una discusión honesta y urgente sobre su sistema de acceso a especialistas. No más diagnósticos tardíos. No más simulación de derechos. No más abandono disfrazado de libertad.
Porque un derecho que no puede ejercerse no es un derecho: es una promesa vacía.
