En los últimos días, la discusión pública se ha centrado en la decisión del Ejecutivo de retirar una serie de decretos ambientales que habían sido impulsados en el gobierno anterior. La controversia ha sido inmediata: para algunos, se trata de un retroceso; para otros, de una revisión necesaria. Sin embargo, más allá de las posiciones, conviene detenerse y observar con calma lo que realmente está en juego.
Primero, es importante entender que muchos de estos decretos no nacen en un momento puntual. Son el resultado de procesos largos, técnicos y muchas veces complejos, que pueden extenderse por años. Estudios científicos, consultas, informes sectoriales y revisiones jurídicas forman parte de un camino que rara vez es lineal. En ese contexto, no es extraño que algunos de estos instrumentos queden pendientes hacia el final de un mandato.
Esto abre una primera tensión: la del tiempo político versus el tiempo administrativo.
Es cierto que, en ocasiones, los gobiernos buscan cerrar su gestión impulsando decisiones relevantes en su etapa final. Esto puede interpretarse como una forma de consolidar avances. Pero también es legítimo preguntarse si todos esos actos alcanzaron el nivel de madurez técnica y jurídica necesario para su plena implementación.
Desde esa perspectiva, la revisión por parte del gobierno entrante no es, en sí misma, irregular. Forma parte de la continuidad del Estado y del deber de asegurar que cada acto administrativo cumpla con los estándares exigibles. Retirar un decreto no equivale necesariamente a rechazar su contenido; puede ser, en algunos casos, una forma de reordenar, corregir o fortalecer su base.
Sin embargo, aquí aparece la segunda tensión, quizás la más relevante: la del tiempo institucional frente a la urgencia ambiental.
Porque mientras los procedimientos se revisan, los ecosistemas no esperan. La protección de especies vulnerables, como el pingüino de Humboldt, o la conservación de territorios frágiles, no puede quedar atrapada en ciclos administrativos indefinidos. La naturaleza no se rige por los calendarios políticos, y cada dilación tiene consecuencias reales.
Por eso, el punto central no debería ser si los decretos fueron presentados antes o después, ni si fueron retirados con mayor o menor acierto. La cuestión de fondo es otra: cómo asegurar que las decisiones necesarias se adopten con rigor, pero también con oportunidad.
Ni la premura de última hora ni la revisión prolongada pueden transformarse en excusas para la inacción.
Lo razonable —y exigible— es que el Estado actúe con continuidad y responsabilidad. Si un decreto requiere ajustes, que se hagan. Si necesita una mejor fundamentación, que se fortalezca. Pero que no se pierda de vista su finalidad última: proteger bienes que, una vez dañados, muchas veces no pueden recuperarse.
En definitiva, este episodio revela algo más profundo que una disputa coyuntural. Nos recuerda que la institucionalidad ambiental no solo debe ser sólida, sino también capaz de responder a tiempo. Porque en materias como estas, postergar decisiones no es neutral: es, muchas veces, una forma silenciosa de decidir en contra de la protección.
Y eso es algo que, como sociedad, no podemos permitirnos.
