Al asumir como Presidente de la Corporación señalé que “para enfrentar la crítica a los privilegios y abusos es necesario, en primer lugar, la total transparencia. La ciudadanía debe contar con toda la información”. Asimismo, manifesté que “debemos recoger las observaciones que puedan realizarse para mejorar el uso de determinados ítems, como las asesorías externas”.
Durante los últimos días, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se han formulado una serie de opiniones y comentarios en relación a esta materia.
Al respecto, cabe distinguir dos situaciones. En lo puntual, respecto del pedido de antecedentes por la Fiscalía; en su oportunidad, el Senado, con el respaldo de informes jurídicos, sostuvo que no correspondía una solicitud de tipo genérico. Más aún, aportó al Ministerio Público toda la información acerca de las asesorías contratadas para que, de ser necesario, se requirieran los antecedentes específicos de lo que mereciera dudas.
En un sentido más general, reitero mi convicción en torno a la necesidad de avanzar decididamente en transparencia activa. Para ello, en las seis semanas que llevo al frente de esta institución, hemos venido dando pasos claros y sostenidos.
En primer término, solicitamos un pronunciamiento al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias respecto de los alcances y características de la asesoría externa. Se le viene asimilando a informes en derecho, cuestión que restringe su carácter de apoyo a la labor parlamentaria, entendida íntegramente, más allá de lo puramente legislativo.
Paralelamente, requerimos a la Secretaría del Senado avanzar en un reglamento que permita establecer directrices en torno a estas asesorías y a la naturaleza y características de los informes que deriven de ellas.
Por último, estamos avanzando en un nuevo diseño de la web del Senado, que, además de aportar más y mejor información general a la ciudadanía, facilite también el acceso ciudadano a lo referido a las asignaciones parlamentarias y otros ámbitos en materia de transparencia.
Comprendo y comparto la inquietud de la ciudadanía y de algunas ONG y entidades que se ocupan de estos asuntos. Sin embargo, se trata de procesos que requieren de la coordinación de diversas entidades, la elaboración de algunas normas y su aprobación por las instancias regulares.
