Este viernes ocurrió un hecho de extraordinaria relevancia para la justicia y la reparación, ya que se desarrolló el Acto Público de Reconocimiento de responsabilidad en el caso: “Omar Maldonado y otros vs Chile” que se tramitó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por parte de agentes del Estado son un asunto que nos concierne a todos. A los que las sufrieron, a los que las ejecutaron, a los poderes del Estado, a la ciudadanía en general. Esta sentencia —la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial— ha pasado a ser parte de la memoria histórica del país y representa, sin duda, un acto que se inscribe en la restitución de la dignidad y de los derechos de las víctimas.
Cuando recuperamos la democracia, una de las primeras prioridades fue el progresivo reconocimiento de las convenciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos adoptados por la comunidad internacional. Nos poníamos al día en materias clave para el ordenamiento democrático del país. Este reconocimiento nos exigió adaptar las normas y las leyes internas para darles un efectivo cumplimiento.
Chile respeta el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos. No sólo eso. Somos un país comprometido con esta causa. Quizá somos más conscientes de su importancia por personas como Omar Maldonado, Álvaro Yáñez, Ernesto Galaz, el resto de los incluidos en este fallo y todas las personas que sufrieron la muerte, la tortura o el exilio durante los años de la dictadura. Hemos hecho un serio esfuerzo de recuperación de la memoria, a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig, que fue uno de los miembros ilustres de este Senado, y de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el obispo Sergio Valech, último en ejercer el cargo de Vicario de la Solidaridad. Honro hoy también la memoria de estas dos personas, cuyo trabajo acucioso fue fundamental para devolver la dignidad y el honor a tantos ciudadanos chilenos.
La Corte Interamericana valoró debidamente el trabajo de ambas comisiones y dio su explícito respaldo a las políticas de verdad, justicia y reparación que hemos llevado adelante en democracia. Los tres poderes del Estado hemos trabajado juntos en establecer las condiciones para que estos actos deleznables no vuelvan a repetirse jamás. Parte de ello es el reconocimiento de los acuerdos en materia de derechos humanos adoptados por la comunidad internacional y la adaptación de nuestras leyes a tales acuerdos. Había aquí, sin embargo, una laguna, y de ahí la presentación de la querella ante la Corte Interamericana, que falló contra el Estado de Chile en dos aspectos: la excesiva demora en iniciar las investigaciones por los actos de tortura a que fueron sometidos cuatro de las doce víctimas que acudieron a esta instancia judicial, y por la ausencia de un mecanismo efectivo para revisar y anular las sentencias de los Consejos de Guerra.
Entre las ocho medidas de reparación ordenadas al Estado de Chile, está este acto de reconocimiento. Lo hacemos convencidos de su necesidad. No sólo porque la Corte Interamericana lo ha ordenado, sino también porque creemos en la necesidad de hacerlo, para contribuir a la solidaridad con las víctimas y a la reparación de su honra. Hace un año, la Corte nos entregó su sentencia. Hemos cumplido seis de las ocho medidas de reparación, y las otras dos están en vías de cumplimiento.
La presencia hoy de las más altas autoridades del país comprueba que asignamos a este acto toda la solemnidad, la importancia y el valor que tiene en nuestro camino hacia una sociedad plenamente respetuosa de los derechos de todos. No ha sido un camino fácil. Hubo mucha resistencia a que las violaciones a los derechos humanos fueran debidamente investigadas y sancionadas.
Se han tejido interpretaciones que buscan justificar y minimizar estos actos deleznables. Sin embargo, hemos encontrado caminos para avanzar en la verdad, en la justicia y en la reparación. La solidaridad y la consideración de la dignidad de todos los chilenos se han impuesto como el único camino posible para asegurar no sólo el Estado de Derecho, sino también una sociedad fundada en la justicia, en la paz, en la búsqueda de equidad y en la democracia.
Así también lo ha reconocido la Corte Interamericana. Aunque el fallo condena al Estado de Chile, reconoce también los avances logrados a través de las políticas de verdad, justicia y reparación. Por eso valoramos este fallo, que contribuye a la dignidad y a los derechos ciudadanos de los querellantes, pero también da cuenta de cuánto y cómo ha cambiado el país en 25 años. Al mismo tiempo, la sentencia nos da una oportunidad para continuar mejorando nuestros estándares y de demostrar, tanto dentro del país como en instancias internacionales, el fuerte compromiso del Estado de Chile y de la sociedad chilena con la causa de los derechos humanos, acá y en cualquier lugar del mundo.