Esta semana aprobamos un proyecto muy importante, el que establece la obligación de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de rendir todos los años en el mes de julio, una cuenta pública al Congreso Pleno, es decir, en una sesión conjunta de senadores y diputados.
Tomando en cuenta el momento actual que vivimos, con una crisis de confianza que afecta a la política y las instituciones, no vamos a esperar hasta el próximo año para realizar este evento, por lo que el 21 del presente mes vamos a tener la primera Cuenta Pública del Congreso Nacional en la historia de nuestro país.
Hoy en día, el presidente de la Corte Suprema, que dirige uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial, rinde cuenta el primero de marzo. La Presidenta de la República, que encabeza el Poder Ejecutivo, rinde cuenta del estado político y administrativo de la nación todos los 21 de mayo. Sin embargo, el Congreso Nacional no hacía lo mismo. Este va a ser el primer año y a partir de ahora todos los años se va a hacer esta rendición de cuentas.
En el Derecho comparado, se observa que en República Dominicana y en Venezuela se consagra esta obligación en los reglamentos de la Cámara y del Senado. En lo que respecta al Reino Unido, se consagra la figura del accountability, que contiene no sólo el derecho de acceso a la información de sus actuaciones públicas, sino que el deber de toda autoridad de dar cuenta en forma permanente de sus actividades.
Pero, ¿cuál es el principal objetivo de realizar un acto como este? Principalmente, potenciar y fortalecer la transparencia, con una cuenta autocrítica, en que demos a conocer cuáles son las principales fortalezas del trabajo del Congreso Nacional, como también, y realizando un ejercicio que requerirá de mucha honestidad, cuáles son nuestra principales debilidades; en qué tenemos que profundizar, pero especialmente, qué tenemos que mejorar en el marco de la crisis de confianza que hoy afecta a la política en general y a la institución del Congreso en particular.
No se busca que se entregan solamente datos cuantitativos o que se exhiba una larga lista de logros alcanzados en opinión de los informantes. El propósito es el de transparentar la labor realizada tanto en forma cuantitativa como cualitativa, describiendo el trabajo efectuado, tanto en sus aspectos positivos como negativos, los aciertos y errores, las omisiones, así como los aspectos que explican ese desarrollo y lo que se podría hacer para mejorar la gestión institucional y personal para lograr resultados más efectivos.
En esta cuenta van a participar todos los parlamentarios, vamos a invitar a la Presidenta de la República y a lo ministros de Estado, entre otras autoridades, además de diversos representantes de organizaciones ciudadanas que han estado colaborando con el trabajo legislativo en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado.
Esperamos aprovechar esta crisis de confianza que hoy en día afecta a la política, a las grandes empresas y a las instituciones en general, como una oportunidad; una oportunidad para contar lo que nosotros hacemos que muchas veces no se conoce por parte de la ciudadanía; una oportunidad para enmendar aquello que tengamos que corregir para mejorar nuestro trabajo; una oportunidad para empatizar con las demandas de la ciudadanía y una oportunidad para hacer cambios muy profundos, elevando los estándares de ética y transparencia.
Muchas veces la gente pide cambios a la ley para mejorar su situación. La ley Ricarte Soto es el mejor ejemplo, porque el parlamento estuvo con la gente, con los dolientes, con los que demandaron un cambio legal. Esa demanda fue acogida por el parlamento, junto al gobierno, para buscar una solución.
Esa es la línea que tenemos que fortalecer de aquí al futuro, con un parlamento en terreno, en acción, que acoja las demandas ciudadanas, para que efectivamente tengamos hoy a una ciudadanía que sienta que las instituciones dan respuesta a sus demandas. Ese es nuestro desafío y la Cuenta Pública es el punto de partida de esta difícil tarea.
