Hace unos días participé del cambio de mando en la Asociación de ciudades puerto y borde costero, Conozco muy de cerca los desafíos de las ciudades puerto, porque represento ante el Senado de la República a dos de las más importantes de Chile, San Antonio y Valparaíso. Los que conocen estas realidades saben de las enormes complejidades que tienen los puertos en su relación con las ciudades que los acogen. Los puertos hacen un enorme aporte al dinamismo de la economía local, pero siempre hay espacio para que hagan un mayor despliegue en nuestras comunas y así beneficiar a la ciudadanía.

Creo que podemos coincidir en que tener un puerto en la ciudad no es desventajoso ni representa una amenaza para la vida urbana y el desarrollo económico. Al contrario, es una gran oportunidad para nuestras ciudades. Muchas han sabido aprovecharla de buena forma y otras lo han hecho en menor medida.

Un puerto se transforma en una oportunidad laboral para sus habitantes y en un desafío para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que puedan operar como proveedoras o prestadores de servicios a una industria que requiere de un amplio abanico de apoyos y de complementos.

Por otra parte, los puertos son la correa transportadora de nuestras materias primas al extranjero, conectándonos con el mundo. El comercio exterior es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país, porque nuestro mercado interno es pequeño y por ello hemos desarrollado una vasta red de acuerdos comerciales que facilita las exportaciones.

Nuestros puertos tienen una situación de privilegio sobre la costa del Pacífico, actualmente la zona comercial más activa del planeta. Las oportunidades que se abren son enormes y, para aprovecharlas plenamente, el papel de nuestras ciudades puerto es crucial.

De ahí que tan importante sea tanto el desarrollo de la infraestructura adecuada para la actividad portuaria como el desarrollo de un potente sector de servicios. Para lograr ello, contamos con el apoyo de organismos del Estado como Corfo, Sercotec o el Ministerio de Economía, que cuentan con instrumentos para incentivar los emprendimientos locales que generan empleo y dinamizan la economía local.

Los puertos tienen impacto en la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos se ve afectada por la actividad portuaria. Por eso debemos construir una relación armónica entre las empresas y las comunas. Se debe considerar la instalación de comités público-privados de manera permanente, donde participen organizaciones de la sociedad civil, municipios y empresas, que se hagan cargo de sintonizar el desarrollo portuario con la actividad de las ciudades.

Considero que las respuestas no se pueden aplicar de la misma forma en una ciudad y en otra. Deben existir instancias locales que resuelvan los problemas específicos de cada realidad. Compartir buenas prácticas, siempre es beneficioso, pero hay que tener en cuenta la especificidad de cada ciudad.

Por lo mismo, las grandes decisiones de inversión, por ejemplo, que afectan la vida urbana o el desarrollo portuario, no pueden ser adoptadas unilateralmente. Hay que escuchar a todos los actores y tomar decisiones en conjunto.

La actividad económica en nuestro país se ha visto afectada por efectos externos y algunos de carácter interno que han hecho que el crecimiento y la actividad económica sea menor a la esperada y a nuestro potencial como país. Seguimos creciendo en medio de la crisis, a menor ritmo, y eso también se ha visto reflejado en la actividad portuaria. En el último trimestre móvil marzo-mayo 2016, se movilizaron más de 8 millones medio de toneladas de carga (8.931.569), un aumento del 1% en relación al mismo trimestre del año pasado.

Esto no ha sido parejo para todos los puertos. Algunos han crecido, otros se han mantenido estables y algunos han disminuido su actividad. Esto también afecta a la vida de las ciudades, ya que en algunos casos aumenta la cesantía entre quienes prestan servicios a los puertos.

Sin lugar a dudas nuestros puertos deben crecer.

Por eso valoro el anuncio del gobierno de crear un Fondo de Infraestructura de 9 mil millones de dólares, sobre el cual ya legislamos, que será una buena herramienta para movilizar mayor inversión en el sector portuario, para mejorar la conectividad y la productividad.

Creo que debemos promover la actividad económica, pero quiero ser muy claro en una cuestión previa. Hoy tenemos una democracia representativa, que delega la toma de decisiones en representantes elegidos por la ciudadanía, ya sea como concejales, alcaldes o parlamentarios.

Sin embargo, crecientemente la ciudadanía quiere participar de estas decisiones. La gente quiere opinar sobre cómo tenemos un mejor borde costero, sobre los efectos de una gran obra en su ciudad. El desafío es incluir la opinión de los ciudadanos en las decisiones de las comunas en obras de gran envergadura, como la creación de un nuevo puerto o la ampliación de un terminal.

El comercio exterior es un gran motor de la economía de Chile y el desarrollo portuario es vital para que tenga cada vez mayor dinamismo. Se están abriendo muchas oportunidades, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico, hacia nuestra región y hacia los mercados asiáticos.

Aprovecharlas plenamente implica, necesariamente, considerar la voz de los ciudadanos. Entre todos tenemos que definir el tipo de ciudad puerto que queremos ser. Esto no significa una amenaza para los nuevos proyectos; al contrario, mediante mecanismos expeditos de participación ciudadana es posible lograr que los proyectos tengan verdadero arraigo y, por lo tanto, una proyección más sólida hacia el futuro.

Por otra parte, se hace necesario una instancia o una autoridad portuaria que pueda planificar lo que se debe hacer en esta materia, ver las capacidades que tenga cada uno de los puertos y otras decisiones estratégicas que nos permitan aprovechar de mejor forma nuestras fortalezas y mejorar la productividad.

Los desafíos de las ciudades puerto son distintos a los que tiene la industria portuaria, pero, por el bien de nuestro país y de nuestras comunas, deben sintonizarse ambos; las empresas que se instalan en las ciudades deben ser “buenos vecinos”. Precisamente porque tienen derechos de uso de la infraestructura pública, que nos pertenece a todos, deben respetar el medio ambiente, las leyes laborales y la vida de los ciudadanos. Hoy muchas empresas han implementado prácticas de responsabilidad social y sustentabilidad. Es una muy buena noticia, que demuestra una preocupación por la ciudad que los acoge.

Creo que debe retribuirse de alguna forma a las comunas la inversión que hacen para tener o facilitar una buena infraestructura pública al servicio del desarrollo de la actividad portuaria, el único que tiene iniciativa para mandar un proyecto de ley de este tipo es el gobierno; el único modo en que una iniciativa de este tipo avance es con patrocinio del Ejecutivo. Estoy dispuesto a discutir y a apoyar una iniciativa que busque dejar recursos en las comunas.

Una iniciativa de este tipo debe contemplar las normas internacionales de comercio y considerar si corresponde que el Estado disponga recursos para compensar la actividad o inversión que las comunas hayan realizado con fondos propios.

Llegó la hora de discutir en serio este tema, para tomar una decisión en este asunto, requerimos de un gran acuerdo de todos los sectores involucrados, incluidos los privados y la comunidad local, porque tiene un efecto en la economía que debe ser cuantificado. Soy de los que considera que algo debe quedar en la comuna que acoge actividades productivas de envergadura, en cualquier sector de la economía.

Nuestras ciudades puerto prestan un gran servicio a la economía chilena. Hay cada vez más oportunidades para que nuestros ciudadanos puedan innovar y proponer soluciones a problemas que presenta la industria. Tenemos claro que nuestros ciudadanos prestan un servicio, pero también es imperativo que el Estado colabore al desarrollo de un sector servicios portuarios que pueda incluso, más adelante, exportar también su capacidad innovadora y su know how.