Hace un año establecimos, mediante reforma constitucional, que el parlamento debía realizar una cuenta pública de las actividades de ambas cámaras del Congreso. De esta forma se lleva a cabo un ejercicio ciudadano que se ha transformado en tradicional en las instituciones públicas de nuestra democracia. Una cuenta pública que informa de los avances y desafíos que presenta la labor legislativa.
Realizamos esta cuenta en un momento delicado para el país y especialmente para la legitimidad de la función pública. Este acto no puede omitir que atravesamos por una crisis de representatividad que afecta a toda la clase política, a quienes se desempeñan en el Ejecutivo, a los partidos, a los parlamentarios. Crisis de representación que, me atrevo a decir, afecta a la mayoría de quienes toman decisiones en nuestro país, lo que ciertamente va más allá de la sola actividad política. Esta crisis ha sido alimentada tanto por errores graves en la toma de decisiones, como por la comisión de hechos que podrían constituir delitos y que están siendo investigados por la justicia.
En este Senado, hemos demostrado nuestra disposición a colaborar con los casos investigados. Consideramos que siempre se debe respetar el principio de inocencia de las personas. Del mismo modo, somos claros en defender la facultad de otros organismos para investigar y aplicar las leyes. Durante este año, del cual damos cuenta, hemos sido testigos de que nadie está por sobre la ley; y que, si se han cometido errores o delitos, son investigados conforme al derecho y sancionados cuando corresponda.
Quiero destacar, antes de ser más específico, que una de las actividades más importantes de este año ha sido legislar, precisamente para que la ciudadanía no tenga dudas acerca de sus representantes. Sabemos que esto no se consigue de un día para otro. Estamos conscientes que la crisis es profunda.
Este no ha sido un parlamento indiferente ni un Congreso indolente. Hemos reaccionado a la crisis generando leyes que regulan y sancionan el financiamiento de la actividad pública política, que dan más atribuciones al Servicio Electoral, y que introducen exigencias de transparencia nunca antes vistas para quienes se desempeñan en la actividad pública.
Junto con las nuevas regulaciones, muchos de los que estamos aquí también nos esforzamos seriamente para estar en terreno, con los ciudadanos, atentos a sus voces, dispuestos a escuchar lo que nos dicen, a aprender y a actuar con la seriedad que los tiempos nos demandan.
Por ello también consideramos como un hecho muy positivo que nuestra labor de legislar y representar, sea complementada cada vez más por la participación ciudadana en la elaboración de las leyes. Hoy, un mayor número de ciudadanos pide espacio para opinar. Ya no basta con mandar un mail de respuesta a una inquietud ciudadana; por el contrario, quieren ser escuchados en las comisiones, porque permite efectivamente un contacto directo entre el ciudadano, el parlamentario, y el poder legislativo.
Este último año, realizamos 107 sesiones con un promedio de asistencia superior al 90%; y despachamos más de 120 iniciativas de ley. Me permito señalar algunas de ellas, como recordatorio. La Agenda corta antidelincuencia, que permite penas efectivas de cárcel y dar más atribuciones a la justicia; La ley de nuevo rotulado de alimentos, que busca informar a las familias acerca del tipo de alimentos que están consumiendo; hace poco tramitamos la ley de transmisión eléctrica y equidad tarifaria, que rebaja las cuentas y hace más limpio el paso de la energía por nuestras comunidades.
También despachamos las leyes de fortalecimiento de la democracia y del límite al gasto electoral. Se entregaron nuevas funciones al Servicio Electoral, así como el funcionamiento de los partidos políticos.
También fortalecimos las capacidades del Instituto de Salud Pública; en el marco de las reformas a la educación, legislamos sobre la carrera docente y creamos 15 centros de formación técnica estatales. Se creó la subsecretaría de Derechos Humanos, clave para defender mejor los derechos de los ciudadanos, especialmente de las minorías; en el área medioambiental, sacamos adelante una ley señera para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, haciéndonos cargo de nuestro compromiso con el cuidado del planeta. Aprobamos la ley que permite que nuestros compatriotas que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto, cumpliendo con el principio de igualdad entre los chilenos, haciéndonos cargo de una demanda largamente anhelada, y poniéndonos al día con la práctica en esta materia de muchas otras naciones.
También hay otras iniciativas legales que llevan tiempo debatiéndose y sobre las cuales deberemos pronunciarnos. Ahí está la ley de interrupción del embarazo en sus tres causales; la de gratuidad en la educación superior y su financiamiento; la elección directa de autoridades regionales; la creación del Ministerio de la Cultura, entre otras disposiciones de ley.
Todas estas leyes han sido debatidas ampliamente y no pocas veces acaloradamente. En muchas de ellas se han impuesto las legítimas mayorías y en muchas otras hemos llegado a acuerdos transversales. Personalmente, y creo representar a muchos de mis colegas, sostengo que los acuerdos son un gran punto a favor para la estabilidad de las normativas aprobadas; sin embargo, cuando el acuerdo no es posible, las mayorías actúan legítimamente y así lo hemos hecho, con responsabilidad y como respuesta clara a las preferencias que la ciudadanía expresó en su oportunidad mediante el voto.
Quiero destacar también que este año hemos comenzado una conversación con el Ministerio de Hacienda para fijar las remuneraciones de los altos cargos del país.
Hemos visto que hay preocupación por el tema. Asimismo, existen iniciativas de ley que colocan este tema en discusión: una discusión que debe ser amplia y profunda, porque se trata de cambios estructurales que además van a requerir una reforma constitucional.
Esperamos finalizar esta discusión, ojalá, antes de que ingrese al Congreso Nacional la próxima ley de presupuesto.
El gran trabajo de la elaboración y discusión de leyes, se hace en las comisiones. Una sola estadística: en el último año, desde junio del año pasado, han participado casi 10 mil personas o instituciones en 742 sesiones de comisiones, representando a organizaciones o instituciones diversas, que han venido a exponer su visión en la discusión de los proyectos. Esto es muy importarte y alentador, casi 10 mil personas que concurran a este Senado a aportar su testimonio, su visión y su crítica.
Hemos demostrado así que queremos escuchar más opiniones. Quiero destacar que muchos de los colegas presentes, y de manera transversal, han alentado que las personas o instituciones, vengan a opinar y a participar de la construcción de leyes.
Asimismo, ha aumentado la cantidad de personas que han pedido ser recibidas a través de la nueva ley de lobby, cuestión positiva porque esa participación se verifica a través de un mecanismo transparente de rendición de cuentas que hace cada uno de los parlamentarios.
En materia internacional, quiero resaltar y reiterar que la conducción de la política exterior de nuestro país la hace la Presidenta de la República.
Hemos apoyado de manera unánime la decisión de acudir a La Haya en defensa de las aguas internacionales del Rio Silala, que consideramos totalmente justa y ajustada a derecho. Y, por lo visto en estos días, no nos amedrentamos por la provocación de los vecinos. Por el contrario, manifestamos públicamente nuestra posición frente a una actitud que consideramos de mal gusto y diplomáticamente pobre.
La imagen internacional de Chile, como un país que aboga por el multilateralismo y el respeto a los tratados internacionales, se ha generado y ganado a lo largo de décadas, como consecuencia de una política exterior coherente y consistente. No vamos a modificar esa política. Otros aún deberán recorrer ese camino para contar con dicho respeto internacional.
En el curso del último año, hemos aprobado más de 40 acuerdos internacionales, entre convenios, tratados de libre comercio, de doble tributación, de working holidays, de autorización de la presencia de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz. Chile es un país con una economía abierta, pero también un país que cumple con sus deberes ante la comunidad internacional.
Hace pocos días participamos de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tiene una dinámica y muy activa comisión parlamentaria de integración. Este año la presidencia recae en nuestro Congreso Nacional. Queremos pedir a las autoridades, a los Ejecutivos de la Alianza del Pacífico, que los parlamentos puedan formar parte institucionalmente de esta instancia. En último término, seremos nosotros quienes deberemos votar los acuerdos que vayan surgiendo de la Alianza. Queremos aportar a los acuerdos que se tomen. Tenemos la facultad de aprobar o rechazar lo que se plantee, pero también, conforme a la tónica de un tiempo que demanda más transparencia y participación, queremos ser parte de lo mismo, y escuchar y tomar en cuenta lo que la ciudadanía quiera decir en torno a esas decisiones.
También será un desafío de este parlamento enfrentar la discusión del Acuerdo Transpacífico (TPP). El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando su labor de explicar a diversos sectores económicos, así como, a la sociedad civil los aspectos relevantes de dicho tratado. Hay que abordar las dudas sobre el impacto de este acuerdo en algunos sectores, así como identificar las ventajas económicas y de política exterior que dicho tratado representa para Chile en la región más dinámica del mundo. Habrá una discusión intensa en las instancias correspondientes, en las comisiones y en las Salas de la Cámara y del Senado, que no vamos a soslayar. Es un debate necesario. Las leyes y los acuerdos perdurarán en el tiempo en la medida en que encuentren más arraigo ciudadano y transversal.
En nuestra tarea de representación hemos profundizado nuestro contacto y nuestros lazos con la ciudadanía. Quiero destacar varias áreas que se desarrollan en el Parlamento y que demuestran que la gente ocupa cada vez más los espacios que ofrecemos en esta casa.
Un espacio que se ha consolidado es el torneo Delibera, que reúne a alumnos y alumnas de distintos colegios del país y que presentan un proyecto de ley, los defienden y luego realizan un debate argumental de alto nivel hasta lograr un ganador. Esta es una gran experiencia de formación ciudadana y cívica. Un sólo dato: con mucho orgullo podemos decir que para este año se duplicó la cantidad de participantes: de 312 establecimientos educacionales a lo largo de Chile, a 620 colegios van a participar. Esta es una tremenda buena noticia. Quizás –dejo planteado- nuestro compromiso pudiera ser que cada proyecto ganador del Torneo Delibera, pueda ser conocido por la respectiva comisión temática de la Cámara o del Senado, para evaluar el mérito de la iniciativa.
Otro de los hechos que quiero destacar es el trabajo del Congreso del Futuro, la instancia de mayor intercambio de ideas a nivel nacional que ha permitido a nuestros académicos, científicos y alumnos estar en contacto con Premios Nobel y con la vanguardia del pensamiento mundial.
Más allá del tradicional Congreso que se realiza en enero, este año tenemos además los “Diálogos con la ciencia” que reúnen a estudiantes de colegios municipales con intelectuales y científicos a nivel mundial. A esto se suman los “Café del Futuro. Un break con gusto a innovación”, que se establecen bajo una colaboración de trabajo entre la Iniciativa Científica Milenio y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
En esta área, quiero resaltar que este año por primera vez se realizará el “Congreso del Futuro para los niños”. Esperamos que esta instancia sea exitosa y podamos instalarla como un nuevo espacio de reflexión y de motivación para nuevos científicos.
También quiero destacar como un hecho positivo que cada vez más instituciones y organizaciones optan por pedir nuestras instalaciones en Valparaíso y en Santiago, para poder realizar sus actividades. Nuestra actividad parlamentaria no empieza y se acaba con hacer leyes. También abrir nuestras puertas para que se ocupen esos espacios es de vital importancia. Casi un 35% del uso de los salones del Congreso ha sido destinado a instituciones que solicitan estos espacios; esto es, fuera de la labor parlamentaria. Sólo este año ya se han facilitado las instalaciones para 103 eventos; estamos muy contentos de dar cabida en estos espacios a quienes quieran ocuparlos para su formación o capacitación.
Esto amerita una discusión más en profundidad, de la idea de transformar nuestras instalaciones, tanto en la capital como Valparaíso, en un gran centro cívico que vitalice el diálogo ciudadano, que estimule la participación y que dinamice la vida de la ciudad que nos acoge.
Permítanme volver brevemente sobre temas que han dominado la agenda pública y política en el tiempo presente: la transparencia, la probidad, y la rendición de cuentas.
La Comisión de Ética aprobó una norma que obliga a los parlamentarios a hacer pública, las reuniones que sostengan con personas que postulen a algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación en la decisión final. Esto es de mucha importancia. Si bien en cada uno de estos nombramientos los candidatos a ocupar un cargo público que requiere aprobación del Senado, exponen ante la Comisión respectiva, el resto de los senadores también debe tener la oportunidad de conversar e intercambiar visiones con la persona que se propone para un cargo en particular. Entonces, ante eventuales dudas o suspicacias que pueden surgir, esta norma viene a transparentar y a permitir que todos podamos obtener de primera fuente opiniones sobre cómo cada candidato quiere enfrentar los temas de su eventual gestión, en el caso de ser designado en el cargo.
En transparencia y probidad, nuestra agenda ha seguido avanzando. La ley de partidos políticos, el fortalecimiento del Servel y las normativas sobre gasto electoral serán puestas a prueba en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
Seguimos avanzando en tener un sistema que permita la transmisión televisiva de las diversas comisiones, como ya lo hace la Cámara de Diputados, para que todos puedan conocer de primera mano cómo cada actor toma posición frente a temas que interpelan directamente el interés ciudadano. La Comisión de Probidad y Transparencia ya lo ha aprobado; confiamos en que siga avanzando, y que pronto sea una realidad.
Hemos empezado un proceso constituyente para escribir una nueva Constitución. Hace unos días me reuní con el Presidente de Alemania, que visitó Chile, y a los pocos días con el Presidente del Senado Argentino. Cada uno de ellos realizó los regalos de rigor: y el regalo de ellos por separado fue, la Constitución Política de sus respectivos países. Reflexión: hay que estar muy orgulloso de la carta fundamental de su país para regalarla a actores políticos de otros países. Y pensé entonces que tal vez con qué orgullo podremos, en un futuro cercano, regalar una carta fundamental que sea producto de un proceso amplio de participación ciudadana y de una discusión especializada, amplia, profunda e inclusiva.
Desde el parlamento hemos impulsado junto con el Presidente de la Cámara, los Seminarios por la Nueva Constitución en regiones, para provocar la discusión a nivel local. Los parlamentarios debemos desempeñar un papel importante en esta discusión. Hemos estado participando en los Encuentros Locales Autoconvocados y creo que debemos seguir haciéndolo, tal como muchos de los aquí presentes, en las instancias que vienen, como los encuentros provinciales o regionales.
Tenemos un compromiso con tener una nueva Constitución que esté de acuerdo a lo que hoy nuestros ciudadanos exigen como derechos; pero soy de los que cree que los derechos ciudadanos corren parejos con los deberes ciudadanos. Esa es parte de la discusión que debemos dar y a la cual estamos convocados.
Quiero resaltar la actualización de la Guía de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso, que ha tenido un gran impacto dentro de las comunidades escolares, por su gran utilidad para los educadores. Hemos podido difundirla gracias a un convenio con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el marco del proceso constituyente, como asimismo en la formación de monitores para este proceso.
La Biblioteca del Congreso, que también es una puerta de entrada de la ciudadanía al trabajo parlamentario, ha capturado un significativo interés ciudadano a través de las consultas de “historia de la ley” o de “la labor parlamentaria”. Todos los indicadores de la BCN –que se harán públicos terminada esta presentación- muestran una mayor participación ciudadana, lo que, nuevamente, refleja que vivimos nuevos tiempos y mayores demandas de transparencia y cercanía con quienes tenemos el honor y el privilegio de representar en este Congreso Nacional.
Una reflexión sobre el proceso legislativo: creemos que es necesario contar con un Poder Legislativo fortalecido, que represente un contrapeso sano respecto del Ejecutivo. Un área crucial en esta relación con el Ejecutivo es superar la actual asimetría que existe entre ambos poderes a la hora de abordar los temas presupuestarios, tanto respecto de la discusión del presupuesto de la nación como de leyes individuales. Creo que debemos contar con una “unidad presupuestaria” en el Congreso, que sea contraparte del Ejecutivo. Lo debemos conversar con el gobierno y conocer su disponibilidad para crear una instancia de este tipo con recursos adecuados. Esta unidad permitiría que el Poder Legislativo cuente con la capacidad de medir los impactos de un proyecto de ley, tanto en sus efectos sobre la productividad así como en asegurar una discusión necesaria respecto de la precisión de los supuestos y la acuciosidad de los informes financieros. El desbalance existente hoy para abordar estos temas es manifiesto y puede menoscabar una política pública bien orientada.
Por último, quiero resaltar que estamos trabajando con la Fundación Avanzar para crear un programa piloto para que jóvenes con capacidades diferentes puedan incorporarse a hacer la práctica en nuestra institución. Es preciso para esto preparar a nuestros funcionarios para que reciban e incorporen correctamente a esos estudiantes. Y esto pone un nuevo desafío al Senado: tener una política de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes en Chile.
Amigos y amigas, señora Presidenta:
Una cuenta pública debe servir no sólo para detallar el trabajo realizado, sino también para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, y cómo lo estamos haciendo.
Soy un convencido de que la democracia representativa necesita ser complementada, apresuradamente, con mecanismos como el plebiscito o las consultas comunales o los referéndums.
Hemos escuchado las críticas y el desencanto que existe contra la actividad pública. Se trata quizá del mayor desafío actual para nosotros en tanto parlamentarios: tener una conducta impecable y transparente que nos permita recuperar la confianza ciudadana. Sólo así podremos cumplir el compromiso asumido de construir un país más inclusivo, que elimine las desigualdades y que dé a todos las mismas oportunidades.
Vemos que los ciudadanos están lejos de querer alejarse de la actividad pública. Por el contrario, quieren ser parte de los procesos, y somos nosotros los encargados de facilitar una mayor convergencia entre la gente, la ciudadanía, y sus representantes.
Siempre podemos mejorar nuestro trabajo legislativo. Podemos seguir buscando grandes acuerdos. Pero también debemos tener muy presente que nuestro país, y toda la región, atraviesan por una difícil coyuntura económica. Debemos estar atentos al crecimiento y estimularlo a través de las herramientas disponibles, pero tampoco podemos dejar desprotegidos a los trabajadores o al medio ambiente.
La gran tarea es procurar que todos los chilenos mejoremos nuestra calidad de vida, en salud, en educación, en inclusión, en participación, en ingresos, en condiciones laborales, en la disposición de espacios para la creatividad, la iniciativa y el despliegue de las capacidades personales.
Para lograr esto, el contar con instituciones sólidas y estabilidad macroeconómica son requisitos esenciales. Sin eso, poco se puede construir, y menos en la dirección de reducir la desigualdad de oportunidades. La discusión sobre el presupuesto nacional para el año 2017 nos genera un tremendo desafío en esta materia.
Hoy vemos un país crispado, con discusiones enconadas y descalificaciones que obstaculizan un diálogo constructivo. No podemos paralizarnos o estancarnos en una guerrilla de posiciones en donde nadie cede espacios. No podemos aparecer ante la ciudadanía, inmersos en nuestros propios debates, que no conectan directamente con la ciudadanía. Hoy más que nunca es preciso escuchar y actuar con responsabilidad, entendiendo el delicado momento que vivimos, con esa responsabilidad cívica y republicana que históricamente ha caracterizado a esta institución.
En algún minuto, décadas atrás en Chile, nos desencontramos profundamente, incluida esta Casa. Cuando vemos la evolución de lo que ocurre en el mundo, cuando vemos el debate en Europa sobre el tema de valores e integración, cuando vemos lo que ha ocurrido recientemente en uno de los países más influyentes del orbe del hemisferio norte, en el cual hay quienes creen que construyendo murallas de más de tres mil kilómetros de longitud, se va a construir una sociedad mejor, creo que con mayor razón debemos cuidar nuestra democracia, nuestras instituciones, ser más humildes y más enérgicos al mismo tiempo en defender en lo que creemos. Soy un convencido que en lo grueso grueso, son más las cosas que nos unen como país que aquellas que nos dividen. Desde aquí, desde el sur del mundo, debiéramos alzar nuestra voz para retomar la senda de cooperación y diálogo, y respeto mutuo entre los pueblos de la tierra. Soy optimista que estaremos a la altura de lo que nos demanda el momento.
