En Chile se ha ido instalando, casi sin darnos cuenta, una normalización peligrosa: el consumo de marihuana y otras drogas fumables en plena vía pública. Ya no hablamos solo de una plaza aislada o de un grupo reducido. Hoy ocurre en playas turísticas, calles concurridas, costaneras, parques familiares y, lo que resulta más grave, dentro de automóviles en movimiento.
No es raro ver al copiloto pasar el cigarrillo a la conductora, como si manejar bajo los efectos de drogas fuera una conducta aceptable. El problema no es anecdótico ni exclusivo de un "mundo marginal". Ocurre en estratos medios, a plena luz del día, con total despreocupación, porque todos saben que difícilmente habrá sanción.
Y aquí está el punto central: la ley existe, pero la sensación de impunidad también.
Se nos ha repetido durante años que la marihuana "no hace daño", que es "natural", que es parte de una libertad personal que el Estado no debería tocar. Pero esa idea se vuelve profundamente injusta cuando el consumo deja de ser privado y pasa a afectar a terceros. ¿Por qué quienes caminamos por la calle, vamos con nuestros hijos, hacemos deporte o simplemente transitamos, debemos tolerar humo ajeno, alteración de los sentidos de otros y riesgos que no hemos elegido?
La libertad individual no puede significar imponerle consecuencias al resto.
El espacio público es de todos. No es una extensión del living ni un lugar sin reglas. Cuando alguien fuma drogas en la calle, no solo consume: invade. Invade con humo, con olor, con riesgo. Invade el derecho básico de otros a circular sin verse expuestos a sustancias que no consienten.
La situación se vuelve aún más grave cuando hablamos de conducción. Conducir bajo los efectos de drogas no es una opinión ni un estilo de vida: es una conducta peligrosa. Y, sin embargo, la fiscalización sigue siendo esporádica, concentrada en el alcohol y débil respecto del consumo de drogas. El mensaje implícito es devastador: si no te pillan, no pasa nada.
Pero sí pasa.
Pasa que aumentan los accidentes. Pasa que se deteriora la convivencia. Pasa que los jóvenes reciben una señal equivocada: que consumir en cualquier parte, a cualquier hora, no tiene consecuencias. Y eso es especialmente preocupante, porque el consumo frecuente en edades tempranas tiene efectos reales y conocidos en el desarrollo cerebral, la memoria, la atención y el control de impulsos. No es un discurso moralista: es evidencia.
También hay un problema cultural de fondo. Parte del debate político ha relativizado el tema, como si cualquier límite fuera automáticamente autoritarismo. Pero exigir reglas claras, fiscalización efectiva y respeto por el espacio común no es conservadurismo: es sentido común. Una sociedad que renuncia a poner límites básicos no se vuelve más libre; se vuelve más caótica e injusta con quienes sí cumplen las normas.
Nadie está pidiendo criminalizar ni perseguir por deporte. Se pide algo mucho más simple: orden, coherencia y protección de los demás. Campañas claras que digan que el consumo en espacios públicos no es aceptable. Fiscalización visible y constante, especialmente en zonas turísticas. Controles efectivos en la conducción. Y un mensaje nítido: el espacio público no es tierra de nadie.
Porque cuando todo se tolera, el costo no lo pagan quienes fuman. Lo pagan las familias, los peatones, los conductores responsables, los niños y los adultos mayores. Lo paga la convivencia.
La libertad no es hacer lo que uno quiere sin importar a quién daña. La libertad real solo existe cuando va acompañada de responsabilidad. Y hoy, en Chile, esa frontera se ha desdibujado peligrosamente.
Recuperarla no es retroceder. Es simplemente volver a lo básico.
