La Nueva Mayoría ha sostenido un programa, encabezado por la Presidenta Bachelet, que tiene como objetivo fundamental reducir la desigualdad el Chile, un problema que no sólo tiene que ver con cuestiones básicas de justicia y equidad, sino que también repercute en las posibilidades de desarrollo del país. La desigualdad en asuntos como educación y salud repercute en la calidad de los recursos humanos que el país necesita para saltar al desarrollo. Es, entonces, una agenda que apunta en el sentido correcto, el de establecer las condiciones mínimas para el aumento de la productividad y la competitividad de Chile.
Sin embargo, todo avance para reducir la desigualdad tiene que tener en cuenta que el éxito definitivo requiere de la compañía de otro factor, el crecimiento de la economía. Cuando aprobamos la reforma tributaria y calculábamos que el aumento de los ingresos del Estado aumentarían en 3.1% del PIB, estábamos ante un horizonte que preveía un ritmo de crecimiento mucho mayor al que hemos logrado. China ralentizó su crecimiento, bajaron abruptamente los precios de las materias primas, Europa no ha despegado y Estados Unidos tampoco ha sido capaz de liderar un repunte de la economía mundial. Con todo, Chile crecerá este año algo menos del 2 %, probablemente, a la inversa de otras economías latinoamericanas que enfrentan derechamente una recesión. Lo digo no como un consuelo, sino como un incentivo: nuestra economía tiene bases sólidas y amplias posibilidades de repuntar, y ello es imprescindible —y por lo tanto, una tarea prioritaria— para financiar los compromisos que el Estado ha asumido con la ciudadanía. Para ello es preciso que cumplamos con algunas condiciones.
Tenemos que concordar un diagnóstico objetivo de la economía y los efectos de la coyuntura para este año y el próximo, a fin de establecer objetivos realistas y alcanzables que profundicen tanto la estabilidad y solidez de la economía como sus posibilidades de recuperar un ritmo alto y sostenido de crecimiento.
Sobre la base de este diagnóstico compartido, es preciso trabajar intensamente en el diseño de políticas público-privadas que impulsen la diversificación de la matriz productiva, con especial énfasis en la agregación de valor y en la incorporación a las cadenas internacionales de producción.
También tenemos que impulsar con mucha decisión la agenda de productividad que propuso el gobierno. Esta agenda tuvo una buena recepción en su momento, lo que asegura los necesarios acuerdos para reactivarla y constituirla en una poderosa herramienta para nuestro desarrollo.
Debemos democratizar el acceso al emprendimiento y a la innovación en todos los niveles, desde los carritos que venden fruta en el centro de Santiago hasta la creación de aplicaciones de punta para teléfonos inteligentes. Hay mucho espacio para estimular la capacidad de la gente para abrir emprendimientos, y muchas herramientas del Estado para apoyar la innovación. Acá es donde es más apremiante la colaboración público-privada: aumentar el porcentaje del PIB destinado a investigación científica y tecnológica es tarea de todos, de los empresarios, de las universidades, de los centros científicos independientes y de las agencias del Estado.
En las últimas décadas, muchas pequeñas y medianas empresas se han incorporado al comercio internacional, cuestión muy positiva, porque diversifica la matriz exportadora, crea trabajos y tiene un mejor retorno de capital. Sin embargo, esa incorporación es todavía insuficiente. Y en un plano más general, las pymes son esenciales para sostener el crecimiento del país, por su capacidad de creación de empleo y de renovación de la matriz productiva. Por eso tenemos que pensar en herramientas eficaces para fortalecerlas.
En la misma línea, es vital promover la diversificación exportadora, tanto hacia nuevos mercados como con nuevos productos. La red de acuerdos comerciales establecida en los últimos 25 años, que sigue ampliándose, es la base jurídica para hacer posibles intercambios con arancel cero o con bajos derechos con otros países, pero la tarea de explorar mercados e ingresar en ellos con nuevos productos es, una vez más, una tarea público-privada apremiante. Para las manufacturas chilenas, el mercado latinoamericano es el más relevante, por lo que es preciso que estudiemos cómo aprovechar mejor la red regional de acuerdos comerciales.
A esto se agrega el conjunto de medida anunciadas por la Comisión de Productividad y que no sólo apuntan a medidas en temas específicos sino que a un conjunto de iniciativas que son de carácter estructural.
Por último, la agenda de trabajo en orden a la reactivación de la economía tiene que incluir fuertes regulaciones que fomenten la competitividad en el mercado interno y que sancionen con mucha fuerza la colusión. De nuevo, no es sólo una cuestión ética y de respeto por los consumidores, sino también un factor clave para un crecimiento económico sano, que contribuya a fortalecer la imagen del país como un destino apropiado para la inversión extranjera y como un exportador que cumple con normas exigentes de competencia interna.
