El 3 de Septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados han dado un nuevo paso en su compromiso por elevar los estándares de transparencia y probidad en el trabajo parlamentario. Con la constitución del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa estamos cumpliendo uno de los compromisos que asumimos el 21 de julio en la primera cuenta pública del Congreso Nacional.
El propósito de este Consejo es estudiar el proceso de generación de la ley para poder mejorarlo en términos de transparencia, buscando mecanismos de participación ciudadana y estableciendo evaluaciones que nos permitan mejorar la calidad de las leyes. Queremos que nos evalúen con total autonomía y nos digan que parte del proceso tenemos que mejorar.
Este Consejo está compuesto por 12 miembros, ocho de ellos corresponden a expertos en el área legislativa y de participación ciudadana; todos con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional en el ámbito académico y profesional.
Se trata del abogado Francisco Fernández —quien presidirá la instancia— y los abogados Carlos Carmona; Sebastián Soto; Allan Bronfman; Francisco Zúñiga; Paulina Veloso; Miguel Ángel Fernández; Patricio Zapata; John Smok, Luis Rojas; Julio Cámara y María Soledad Aravena, más el secretario Ejecutivo, Rodrigo Obrador. Todos ellos son expertos en temas legislativos.
Durante 3 meses, estas 12 personas que conforman el Consejo de Modernización para la Labor Legislativa se reunirán semanalmente y al término de este plazo, ellos van a entregar un informe a las mesas de las dos corporaciones, el que será público.
Entre sus funciones, el consejo deberá elaborar un diagnóstico del proceso legislativo actual, diseñar propuestas de mejora al procedimiento legislativo y elaborar propuestas que mejoren el procesamiento interno (Senado, Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional) de la información jurídico-legislativa, evaluando la aplicación de tecnologías para la reutilización de la información en el proceso legislativo.
Además, tendrá que generar instancias de debate de las propuestas que involucren a los invitados externos, proponer herramientas de evaluación de los proyectos que se someten a tramitación y también respecto de las leyes ya vigentes, elaborar propuestas de modificación normativas concretas y proponer una instancia de institucionalización en el Congreso nacional que haga el seguimiento de la implementación de las medidas propuestas.
Queremos ser humildes, escuchar y después recoger el guante para modernizar nuestro proceso legislativo tanto en la Cámara como en el Senado. Tenemos una crisis de credibilidad profunda en Chile hacia las instituciones públicas, que sin medidas radicales que duelan, no tenemos ninguna posibilidad de superarla.
Por estos motivos, queremos aprovechar esta crisis como una oportunidad para hacer estos cambios radicales y así podamos recuperar la confianza que las chilenas y chilenos perdieron en la política, las instituciones y las empresas.