Se trata de un tema que se ha agudizado en los últimos meses, sobre todo por la presencia de migrantes, los cuales estando bajo una situación irregular en el país, sin documentación al día, no han podido acceder a soluciones transitorias de viviendas, ni tampoco a subsidio de arriendo y menos a una vivienda definitiva, lo cual, según el consejero regional, Manuel Millones, ha hecho aumentar considerablemente el número de familias y personas en las tomas que incluso están en terrenos fiscales.
A esto se debe sumar que en muchas de esas superficies se requieren hacer intervenciones sanitarias o viales para pensar en las radicación y allí dependemos de la voluntad de la empresa sanitaria, lo cual complejiza cualquier escenario de solución, pese a que muchas familias han postulado a los beneficios sociales del Ministerio de Vivienda.
Por si fuera poco, los tribunales han establecido la jurisprudencia de no desalojar en el período de la 'pandemia', lo que implica que el problema se siga agudizando.
"Aquí se requiere que una política para que todos los actores sociales, tengamos una misma opinión para dar respuesta y establecer un cronograma de trabajo, fortalecer la institucionalizar y buscar las mejores alternativas, teniendo presente que dentro de la nueva Constitución también se va a debatir que la vivienda sea un derecho. Estamos hablando de una problema muy complejo especialmente en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, San Felipe, entre otras", indicó Millones.
El Core agregó que este es un tema que he conversado con el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial y el Ministerio de Vivienda, pero lo que aún falta es reunirlos a todos, sumando a los alcaldes, para tener una sola voz para enfrentar este conflicto en su real dimensión.
Finalmente Millones indicó que dentro de las diferentes aristas para enfrentar el déficit habitacional, hay que considerar la situación social de las personas que no tienen alternativas económicas para vivir en otros lugares y han tenido que llegar a las tomas debido a la pérdida de empleo o carencias familiares. Pero también está el tema del lucro que algunos inescrupulosos han efectuados con los espacios dentro de los campamentos, donde se ha observado venta de loteos o terrenos y allí también la Justicia debería tener un rol que ejercer.