El diputado comunista Daniel Núñez valoró la aprobación unánime de la Cámara de Diputados de crear una comisión investigadora para indagar las responsabilidades políticas de la ex Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, en la compra de terrenos objetados por la Contraloría, caso conocido como el Papayagate.
“Acá hay evidentes irregularidades, faltas administrativas claras, nítidas y por supuesto que uno intuye, también, situaciones muy graves de corrupción. Por lo tanto, es tremendamente necesario que esto se investigue a fondo y que la Cámara de Diputados aclare y vea todas las responsabilidades políticas que pueda tener la exintendenta Lucía Pinto en esta compra irregular que se hizo de los terrenos de San Ramón”, remarcó Núñez, quien impulsó la creación de la instancia en la Cámara Baja.
El parlamentario también agregó que se debe investigar “otras jefaturas del Gobierno Regional que avalaron, se involucraron e hicieron una serie de artimañas para llevar adelante esta compra irregular que es por una cifra estratosférica de 9 mil 800 millones de dólares y que tiene consecuencias negativas para la Región de Coquimbo”.
Principales antecedentes
La Contraloría General de la República rechazó en 4 oportunidades los contratos presentados por la Intendencia de la Región de Coquimbo para comprar terrenos a un grupo de inmobiliarias y construir allí el Centro Deportivo San Ramón.
Sin embargo, pese a los reiterados reproches de la Contraloría, la Intendencia de la Región de Coquimbo, en un quinto intento y sin acatar las observaciones del órgano contralor, se saltó la toma de razón e inscribió a igualmente la propiedad en una notaría de La Serena. Este movimiento fue detectado por un sistema de alerta regular que dispone el organismo fiscalizador.
Según Contraloría, es ilegal el trato directo para la compraventa de los terrenos sin la toma de razón: "Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad. Por eso la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho".
A raíz del sumario administrativo que imparte la Contraloría hacia la ex Intendenta de la Región de Coquimbo, la Fiscalía Nacional instruyó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que indague el delito de fraude al fisco.
Competencias de la comisión
Entre las competencias que tendrá la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, estará el determinar los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el control y seguimiento de todo el proceso de adquisición de los terrenos de parte de la Intendencia de Coquimbo, institución que depende directamente del nivel central.
Además, investigará todo el procedimiento de compra que realizó el mencionado Gobierno Regional, encabezado por la ahora ex intendenta Lucía Pinto. Asimismo, determinar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, entre otras reparticiones públicas.
En los próximos días se debe constituir oficialmente la instancia parlamentaria. La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a noventa días.
