A pocos días de cumplir un mes del megaincendio que destruyó más de dos mil viviendas en la comuna de Quilpué, uno de los balances críticos a la fecha sigue siendo el suministro eléctrico, razón por la cual la alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán, apuntó sus dardos a la empresa responsable que aún no ha sido vista en los sectores siniestrados, y debido al cobro por parte de la empresa regional de los medidores en casas damnificadas.
De todas las urgencias que debimos enfrentar al principio de la emergencia, sabíamos que los servicios básicos era de las prioritarias, lo que implica negociar con las empresas y apelar a su buena voluntad, lo cual hasta ahora lamentablemente no ha existido. Si bien han habido noticias sobre facilidades, no es lo que estamos viendo en el territorio respecto al suministro eléctrico. Cumpliremos un mes del megaincendio y aun hay sectores siniestrados que viven sin luz, vecinos que denuncian cobros en la regularización de su conexión, y nulas noticias de la empresa Chilquinta desplegada en Quilpué. Pareciera ser que la empresa eléctrica no ha tomado nota de la compleja situación por la que atraviesa la comuna y de cuan importante es que regularice el servicio con rapidez.
La jefa comunal pidió que sea el Congreso quien se informe al respecto para generar los mecanismos de fiscalización y que garanticen la entrega del servicio básico a las personas.
Ya que no podemos apelar a la empatía de un directorio radicado en China, le pedimos al poder legislativo que tome cartas en el asunto regulando la libertad en la que operan, tomando la ofensiva y ayudando a las familias damnificadas a tener certezas al respecto. Necesitamos que las autoridades con competencia en esta materia estudien y propongan alternativas en el corto plazo. No puede ser que ante una empresa que tiene un control monopólico sobre la distribución eléctrica el Estado quede atado de manos sin poder dar garantías mínimas a los vecinos.
Melipillán finalizó apuntando a la responsabilidad de las empresas que tienen el control de los servicios básicos en general, quienes, incluso durante la emergencia, tienen la libertad de elegir cómo operar en el territorio.
Sin duda se requieren cambios estructurales para que situaciones como esta donde la inacción de una empresa deja sin servicio y sin respuestas a tantas personas, no se vuelvan a repetir, y espero que el Congreso se proponga tomar cartas en el asunto. Pero además necesitamos soluciones inmediatas, dentro de los próximos días. Esperamos que el Estado fiscalice que esto se cumpla y se encargue de apresurar esta discusión, porque los beneficios económicos de las empresas no pueden priorizar sus ganancias a costa del dolor ajeno.
Vecinos de Pompeya Sur y Población Costa Sol han denunciado que desde la empresa han pasado por las casas cobrando hasta $66.000 por la instalación del nuevo medidor para la luz, que se suma al cobro de las cuentas de agua que han recibido otros vecinos damnificados durante esta semana.
