Positiva respuesta de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a solicitud del Diputado Andrés Celis Montt. Manifiesta que realizarán un catastro de todas las causas por delitos de usurpación de terrenos y loteos irregulares vigentes del año 2020 en toda la Región.
En el documento, la Fiscalía informa que ya se efectuó un catastro de este tipo para la provincia de Marga Marga, por lo que se ampliará la medida para tener un panorama global de las causas vinculadas a tomas de terrenos irregulares.
Decisión de la autoridad que surge luego de una serie de oficios relativos al tema, que fueron enviados por el parlamentario de Renovación Nacional; entre ellos, un requerimiento al Ministerio Público, donde solicitaba la designación de un fiscal con dedicación exclusiva, que realizara un minucioso trabajo investigativo de estas ocupaciones.
“La respuesta que recibí por parte de la Fiscalía es muy efectiva porque pone el acento en determinar las actuales causas penales por usurpación de bienes inmueble, lo que permitirá formar un panorama global de la situación en toda la región de Valparaíso, designando a un fiscal adjunto bajo la dirección de la fiscal regional, a fin de determinar la necesidad de realizar diligencias comunes o agrupar estas causas”.
“En muchos casos hablamos de delitos flagrantes, como sucede por ejemplo con los vecinos de Villa Rukan en Reñaca Alto, quienes ven cómo día a día aumentan las ocupaciones ilegales de terrenos aledaños a sus viviendas. Incluso, existen organizaciones detrás de estos asentamientos, quienes se encargan de llevar maquinaria, de cuidar los terrenos. Lo anterior, merece especial atención sin importar si se trata de predios públicos o privados,” dijo el legislador.
Otros oficios de fiscalización por aumento de ocupaciones ilegales
En paralelo a la presentación realizada en la Fiscalía Regional, el diputado Andrés Celis requirió antecedentes a diversas entidades públicas, a quienes también les corresponde intervenir y poseen importantes facultades para resolver estos asentamientos ilegales.
Así, el parlamentario se dirigió a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla, solicitando detallar la propiedad de los terrenos en que se emplazan los campamentos, distinguiendo los que pretenden regularizar su situación, los que no pueden hacerlo y los que aún no han sido objeto de estudio o análisis al respecto. Además, se le pide informar de todos los procesos de desalojo comenzados por la cartera o los que han solicitado intervención del CDE.
También a la Seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, pidiendo que informe sobre la existencia de asentamientos emplazados total o parcialmente en propiedad fiscal, administrada por su cartera y, al igual que con Minvu, si proyecta regularizar la ocupación ilegal o solicitar la restitución de cada uno de los inmuebles.
A su vez, los gobernadores provinciales de Valparaíso y de San Antonio, Gonzalo Le Dantec y Gabriela Alcalde, tienen la obligación de vigilar los bienes del Estado, impidiendo su ocupación ilegal, por lo que el parlamentario preguntó qué procesos de desalojo han iniciado durante su mandato.
A lo anterior, se suman oficios dirigidos a todos los alcaldes de las comunas del Distrito 7, ya que en éste, se concentran las ciudades con más campamentos en todo el país, es decir, Viña del Mar y Valparaíso, “nos interesa saber qué medidas han adoptado los jefes comunales frente a estas ocupaciones y si han recurrido a las respectivas Gobernaciones Provinciales. Es imprescindible en este tema actuar mancomunadamente, no sólo para evitar estas tomas sino que también para reubicar a quienes allí se encuentran, con soluciones habitacionales dignas”.
Finalmente se pidió que el Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso informara todos los procesos judiciales de desalojo iniciados por ellos, relacionados con terrenos en los cuales se levantan campamentos.
“Diariamente recibo denuncias tanto por la proliferación de asentamientos ilegales como por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna debido a los bajos recursos con los que se cuenta y lo costoso que resulta. La realidad de los campamentos y las tomas es algo que desde hace mucho tiempo afecta a la región de Valparaíso, sin embargo, con la pandemia del COVID19 y sus graves implicancias económicas, aquello se ha acrecentado, por lo que me interesa saber qué acciones están tomando las autoridades para impedir que se ocupen bienes públicos o privados sin el respectivo permiso, pero también lo que debemos lograr es regularizar la situación de tantas familias del distrito”, sentenció Andrés Celis.
