Ad portas de ser inauguradas las nuevas instalaciones del Centro de Detención Penitenciaria de Quillota, la diputada Andrea Molina denuncia irregularidades en la instalación de la caldera de la cárcel, luego de corroborar la información entregada en agosto del año pasado por dirigentes ANFUP, con la fiscalización que realizó la Seremi de Salud, por petición de la parlamentaria.
De acuerdo al informe realizado por la Seremi de Salud, María Graciela Astudillo, que en menos de 48 horas respondió a la solicitud de fiscalización, se constató que la caldera no tiene registro de la Seremi, no tiene operador certificado y con capacitación, tampoco acredita contar con pruebas reglamentarias para su funcionamiento, no tiene una sala con ventilación, no acredita instalación eléctrica y de combustible acreditada por la SEC y carece de sistema de extinción de incendios, entre otros.
“Me parece grave, y aquí tendrán que asumir las responsabilidades las autoridades que tienen competencia en esta materia, porque este tema lo pusimos sobre la mesa el año pasado a la Seremi de Justicia, al Director Regional de Gendarmería, al Seremi de Obras Públicas y al Gobernador de Quillota y en todas esas instancias, nos aseguraron que todo estaba en orden. La mala instalación de esta caldera podría haber generado un accidente de proporciones, con muertes de reos y gendarmes, y aquí nadie había dicho nada, muy por el contrario, se recibieron las obras sin hacer ningún comentario al respecto”, sentenció.
De acuerdo a lo informado por la parlamentaria, en Obras Públicas se le aseguró que se realizaría una visita para volver a revisar el tema, instancia a la que nunca fue convocada.
En ese sentido, Pedro López Aballay, tesorero de ANFUP Provincial Quillota fue categórico en señalar que “tuvimos siempre la certeza de que decíamos la verdad, por eso nos acercamos a la diputada Molina para hacer esta denuncia. Es lamentable que todas las veces que nos sentamos con las autoridades competentes no nos quisieron escuchar y muchas veces nos tildaron de conflictivos siendo que en el fondo buscábamos un bien común para los funcionarios, las internas y para evitar un daño mayor”.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir pidiendo fiscalizaciones ya contamos con otra grave denuncia que no ha sido escuchada tampoco, respecto a las instalaciones eléctricas que supuestamente se estarían cruzando con cañerías de gas, algo que atentaría contra la seguridad de la gente”, añadió.
Finalmente, Molina corroboró que en las reuniones anteriormente mencionadas incluso se llegó a decir que los dirigentes creaban problemas inexistentes, “pues bien, esta es la prueba de que aquí tenemos dirigentes creíbles, responsables, que están preocupados de hacer bien su trabajo. En lo particular ellos son una fuente de confianza a la hora de recibir denuncias y en mi rol fiscalizador, tengo la obligación de escuchar y de generar los espacios para que ellos reciban respuestas concretas a sus preocupaciones y ahora, con mayor razón, me haré cargo de cada una de las denuncias que he recibido en esta y otras materias”.
