Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha instaurada desde el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que busca relevar en todo el mundo, los esfuerzos y la labor conjunta entre distintas instituciones y organismos del mundo público y privado para erradicar este fenómeno, que involucra a alrededor de 150 millones de niños en todo el planeta, y que en el marco de los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la 'pandemia' de covid19, cobra especial importancia.
En el caso de Chile, desde el año 1990, el Estado estableció dicha labor como una política pública transversal a los gobiernos y administraciones respectivas, en virtud de su suscripción a distintos tratados internacionales con instituciones como UNICEF y la propia OIT.
Es así como desde el año 2015, nuestro país impulsa la “Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente que Trabaja 2015-2025”, hoja de ruta que busca generar la interrupción de la denominada “trayectoria” al trabajo infantil, promoviendo la labor conjunta de distintas instituciones sobre aquellas instancias o factores que precisamente, inciden en el surgimiento de este flagelo.
Es así como cada región de nuestro país cuenta con un Comité —instancia multisectorial compuesta por distintos organismos e instituciones de gobierno, policías, municipios, del mundo privado y otras— y que es encabezada, en el caso de la Región de Valparaíso, por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta Silva, quien detalló que
“Durante los últimos 3 años, hemos realizado una labor que ha permitido aumentar la participación y compromiso de distintas entidades en este trabajo, como lo es el mundo académico, oficinas municipales y otras. Es así como hemos avanzado en visibilizar este fenómeno, reforzando el compromiso que como país y como chilenos, tenemos por su erradicación”.
Dentro de estos esfuerzos transversales, el Estado chileno, a través del Departamento Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, ha impulsado la aplicación del “Índice de Vulnerabilidad”” herramienta estadística elaborada por la OIT y CEPAL con el cual se busca medir y definir la presencia y existencia de trabajo infantil en distintos territorios, considerando factores como la actividad y orientación económica, la escolaridad, distancia con los centros urbanos, entre otros.
En el caso de Región de Valparaíso, su índice de vulnerabilidad es de 18,8 puntos (promedio regional que se encuentra por debajo de la media a nivel país, la cual alcanza los 23 puntos). Pese a esto, 9 comunas de este territorio se encuentran con una tasa alta: Cartagena, Catemu, El Quisco, El Tabo, Llay-Llay, Papudo, Putaendo, Quintero y Rinconada.
¿La razón? Según el informe referente a la situación regional, entre los factores de riesgo destacan el empleo en el sector agrícola y el índice de pobreza: En sectores rurales, el trabajo infantil se concentra principalmente en la producción de hortalizas y frutales, mientras que en las áreas urbanas destaca el acompañamiento de niños en trabajos informales como el comercio ambulante, las ferias libres, entre otras.
Al respecto, la Seremi del Trabajo y Presidenta del Comité Regional por la Erradicación del Trabajo Infantil, María Violeta Silva, destacó que
“Como país y como gobierno, estamos preocupados en prevenir el aumento de este fenómeno, debido al potencial incremento de los factores de riesgo asociados a la 'pandemia' del covid19, como lo son sus efectos en la economía, en la empleabilidad y en los ingresos de miles de familias. En ese sentido, el pasado 10 de junio realizamos una webinar con representantes de OIT y UNICEF y que contó con una enorme convocatoria, proveniente de distintas instituciones, para abordar el fenómeno y seguir avanzando en su erradicación”.
Finalmente, la Seremi destacó la entrada en vigencia, el pasado 1 de junio de la ley 21.271, que adecúa el Código del Trabajo para asegurar una mayor protección de niños y adolescentes, a través del fortalecimiento de las normas, la actualización del reglamento que establece un listado de trabajos considerados como “peligrosos”, la fijación de directrices para empleadores y establecimientos educacionales, la adecuación a los estándares internacionales, entre otras acciones.
