Como organizaciones que representan a trabajadoras y trabajadores a honorarios de diversos sectores como son los colegios profesionales, sector público y privado (profesionales independientes y oficios), declaramos frente a la crisis sanitaria, económica y política que vive nuestro país lo que sigue:
Para generar políticas públicas que realmente salven las vidas de las personas, es necesaria una visión integral que priorice también las condiciones laborales de las y los trabajadores. Sin seguridad laboral y financiera, las personas se verán obligadas a seguir arriesgando sus vidas día a día, mientras no seamos capaces de detener el alza de contagios y muertes. De este modo, y respecto a la propuesta el gobierno para el segmento de trabajadores a honorarios, que se encuentra precarizado y que no cuenta con estabilidad laboral —pese a lo que algunos han manifestado— declaramos:
- Al ser un préstamo y no de un subsidio/bono, éste se sumará a las deudas que nos agobian (créditos universitarios, créditos hipotecarios, pago de servicios básicos), lo que dependiendo del nivel de agudización de la crisis económica en el futuro, podría afectar la estabilidad económica de miles de honorarios.
- Si a lo anterior sumamos que esa deuda se pagará con el impuesto a la renta aumentando un 2% la retención durante los próximos tres años, esa deuda significará una reducción de los ingresos líquidos en pleno periodo de crisis económica.
- Considerando el aumento de las retenciones por la ley 21.133 (que aumenta en 0,75% las retenciones anuales para honorarios), a una persona que se acoja a este préstamo se le descontará 13,5% mensual por cada boleta en 2021; 14,25% el 2022 y 15% el 2023.
- Considerar a quienes no reciben sus devoluciones de impuesto debido al cobro de deudas universitarias, entre otras, que reducen sus ingresos anuales.
- En otras palabras —en base a lo planteado por el Ministro de Hacienda, utilizando datos actualizados del SII— considerando que el “74% de las personas que podrían acogerse a este préstamo ganan menos de $500.000 por boleta en promedio y un 53% menos de $225.000”, muchas personas que se acojan a esta ley entrarán en mora al tercer año de cobro del préstamo, debiendo pagar los intereses que establece el Art. 6° del proyecto de ley, y asumiendo las sanciones que señala el art 8 y 10 de la misma. (cobranza judicial y embargo).
- El proyecto no responde adecuadamente a la situación de personas que emitiendo boletas de honorarios, no sólo reducen parte de sus ingresos por este concepto, sino que los pierden en un 100%. Este es el caso de honorarios que trabajan bajo subordinación y dependencia en el Estado y sector privado que son despedidos, como ha sido el caso de cientos de trabajadores de programas municipales a la fecha y que, en el marco de las medidas de reasignación presupuestaria fiscal, van a aumentar durante los próximos meses.
En consecuencia y en base a todo lo planteado, proponemos respecto del proyecto de ley en discusión:
- Que el beneficio sea en concreto un subsidio directo y no reembolsable para trabajadores a honorarios que, percibiendo otros ingresos laborales o no, tengan actualmente un ingreso menor a $500.000 mensuales. De lo contrario, que estas personas sean incorporadas como beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia. Es importante considerar que las y los honorarios tenemos familias, las que también han visto afectados sus ingresos formales o informales.
- De mantenerse el préstamo, medida con la que reafirmamos nuestro desacuerdo, su pago inicie el año 2022; se realice solamente respecto de honorarios que tengan rentas mayores a $500.000 pesos en promedio; que se mantenga la voluntariedad para acogerse al préstamo; que el aumento de retención por boleta no sea mayor a 1%; y que de mantenerse el plazo de pago de tres años, al no poder pagarse la deuda total al tercer año, esta se condone y se contabilice como gasto del estado.
- De perseverar en la lógica del préstamo, demandamos que se consideren, para efectos de calcular el ingreso imponible, las 4 boletas de mayor monto de los 12 meses anteriores y se promedien por 4, no por 12. Esto debido a que muchas personas no boletean todos los meses y muchas no reciben honorarios durante los meses de enero y febrero; en consecuencia, promediar por 12 meses sólo reducirá aún más el monto promedio imponible para efectos de la ley, lo que sumado a que se debe demostrar haber percibido un 30% menos de honorarios para cumplir el requisito establecido por el proyecto, hará que muchas personas no se puedan siquiera acoger al préstamo.
Como trabajadores profesionales y de oficios precarizados en su mayoría, exigimos que prime un enfoque integral, biopsicosocial, interdisciplinario y participativo, implementado en y desde los territorios y los esfuerzos no se basen solamente en un enfoque biomédico y economicista.
Creemos firmemente que el costo de la crisis no puede ser solventada por los trabajadores, por ello, se hace necesario que las grandes empresas y super ricos del país paguen un impuesto acorde a sus ganancias, y no sólo se beneficien del estado que financiamos todos/as los chilenos y chilenas. La precariedad laboral se ha agudizado con la crisis, y es momento de que quienes conservan las riquezas de nuestro país, hagan el aporte necesario.
Finalmente, hacemos un llamado a los señores senadores a legislar pensando en el bienestar de las trabajadoras y trabajadores a honorarios, que hasta ahora no hemos sido objeto de ninguna medida gubernamental para paliar la crisis económica que recién comienza.
BEMPUNIDOS (BARBEROS, MANICURISTAS, PELUQUEROS UNIDOS)
FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE CHILE FEDCOLPROF
FEDERACIÓN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES A HONORARIOS DEL ESTADO UNTTHE
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
