La intención de convertir a varios polos de pesca industrial en “zonas de sacrificio laboral” y de legislar “para derribar de a poco una actividad productiva que entrega empleos de calidad, proyección a miles de familias desde hace más de 100 años y que es un motor de desarrollo en un sector muy deprimido y con altas tasas de cesantía”, acusó la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (ASIPES), Macarena Cepeda Godoy, en relación a la actuación de algunos parlamentarios y su rol en la tramitación de la ley que elimina la pesca de arrastre para la Merluza Común.
Según la ejecutiva uno de los problemas ha estado en la Comisión de Pesca y en la sobrerrepresentación que tienen en la instancia parlamentarios de las regiones del Maule y Valparaíso, donde existe una gran informalidad en la actividad pesquera artesanal, la cual —a su vez— ha generado una enorme presión política y electoral sobre esas autoridades. “Es claro que se debe trabajar por mejorar al sector artesanal pero este proyecto de ley no es la vía”, sostuvo.
Evidencia técnica
Otra problemática advertida por los representantes de la pesca industrial es la “lamentable costumbre” que ha tenido la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de “llamar a científicos y especialistas nacionales e internacionales para escuchar sus opiniones, pero luego se obvia esa mirada experta cuando no calza con las ideas preconcebidas, subjetividades o 'fake news' que abundan sobre el sector pesquero industrial”, según añadió Cepeda.
“Hemos escuchado a diputados como Alexis Sepúlveda justificar la pesca ilegal de merluza aduciendo que ciertos grupos de artesanales no tienen más remedio que cometer este delito para sobrevivir. Creemos que no es aceptable justificar estas conductas desde ningún punto de vista, menos cuando es conocido que la pesca ilegal de merluza está controlada por mafias millonarias y no por pescadores artesanales”, aseveró la titular de ASIPES.
En esa instancia de la Cámara hoy se tramita una moción presentada por diputados de Maule y Valparaíso que prohíbe a la pesca industrial trabajar sobre la Merluza Común aduciendo riesgos para la sostenibilidad del recurso. Este proyecto legislativo es copia fiel de la “Ley de la Jibia” que también sacó a la pesca industrial de la actividad y que ocasionó el cierre de plantas y la pérdida de 1.000 empleos, principalmente en la zona centro sur.
A principios de este año el Comité Científico Técnico de la Merluza, organismo asesor y de consulta de la Subsecretaría de Pesca en materias científicas relevantes para la administración de las pesquerías, le informó a la Cámara de Diputados que “el proyecto de ley que prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre no cumple con el propósito de contribuir a la recuperación del recurso merluza común” y agrega que “la principal limitante para la recuperación de la merluza es el elevado nivel de ilegalidad en la pesquería”.
Además, en las últimas semanas, expertos científicos (academia e Instituto de Fomento Pesquero) han sido claros y enfáticos en señalar que el arte o técnica con que se captura la merluza no es el responsable de su actual estado, como sí lo es su captura por sobre la cuota científicamente autorizada, es decir, nuevamente la pesca ilegal no declarada, pero aun así se insiste en un proyecto de ley que no resuelve el problema.
Además, en las últimas semanas, expertos científicos (académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de MSC y del Instituto de Fomento Pesquero, entre otros) han sido claros y enfáticos en señalar que el arte o técnica con que se captura la merluza no es el responsable de su actual estado, como sí lo es su captura por sobre la cuota científicamente autorizada, es decir, nuevamente la pesca ilegal no declarada, pero aun así se insiste en un proyecto de ley que no resuelve el problema.
“Se impuso en la Cámara de Diputados el peor riesgo para legislar sobre recursos naturales: la negación de la evidencia técnica”, señaló Monserrat Jamett Leiva, Jefa de Sustentabilidad de ASIPES, quien agregó que este “es un riesgo terrible para nuestra actividad, como para cualquier otro rubro económico que requiere de legislaciones donde las investigaciones, estudios y experiencia comparada muestren un camino de buenas prácticas que le entregue garantías y proyección a todos los actores que en ella se desempeñan”, señaló.
Desde el organismo, su presidenta además precisó que
“La pesca industrial no tiene posibilidad de reconversión; las plantas industriales para sostener una cadena productiva y de abastecimiento requieren de suministro de materia prima constante, de alta calidad y seguridad, y esto una actividad artesanal no puede hacerlo. De aprobarse esta ley se perderán 1.500 trabajos, la mitad de ellas mujeres y jefas de hogar”.
